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Nadie debería extrañarse de la actitud de Iván Duque, su gobierno y su partido frente al Informe Final de la Comisión de la Verdad cuyo primer capítulo lleva el nombre que sirve de título a esta columna. Esto es lo que ninguno de ellos quiso que hubiera sucedido y por eso hicieron hasta lo imposible para que la Comisión no funcionara, para que las entidades oficiales no colaboraran o sabotearan, en fin, trataron por todos los medios que se extinguiera el plazo y no hubiese informe.
Pero la Comisión no se dejó acorralar y presentó en tiempo un informe con conclusiones demoledoras que por supuesto refiriéndose a la verdad no tenían por qué gustarle al uribismo, pues, entre otras cosas, dejó claro que el paramilitarismo fue un invento empresarial consentido por el establecimiento. En términos porcentuales resulta que quienes más contribuyeron a los asesinatos han sido paramilitares y agentes estatales, pues sumados ambos alcanzan un 57 %. Ante esto el atembado ministro de Defensa solo se ocurrió pedir respeto para la Fuerza Pública.
Lo que dijo Duque es torpe. Sin haber leído, sentenció que “la verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. No hay asesinatos de derecha ni de izquierda”. Y remató su diatriba oponiéndose sin argumentos a la propuesta sensata de modificar la elección del fiscal, que tantas inquietudes suscita, empresa en la que obviamente lo secundó el perseguidor Francisco Barbosa, por cierto elegido con maniobras clientelistas.
Con estas manifestaciones de clara tendencia negacionista, Duque desde Lisboa dejó sentada su tesis autista de que la fuerza pública fue ajena a los abusos, o que el paramilitarismo no fue la organización armada tolerada por el Estado que multiplicó la violencia. En otras palabras, no habrá poder humano para que el gobierno que está por irse admita que hubo 6.402 falsos positivos durante los períodos sangrientos de la Seguridad Democrática, como ya lo definió la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Los airados voceros del uribismo así como no leyeron los Acuerdos de la Habana tampoco han leído ni siquiera el capítulo inicial de este informe, pero se sienten capaces de criticar todo. La dialéctica dañina del odio y el revanchismo en la que Uribe y su gente se volvieron diestros e hicieron invivible esta república también les alcanza para descalificar con artificios la Comisión de la Verdad.
Por ejemplo, uno de los congresistas uribistas sostuvo que el informe de la Comisión era inadmisible porque solamente los jueces pueden deducir responsabilidades. Qué necio y qué ignorante. Los hallazgos y conclusiones de la Comisión nunca tendrán efectos o consecuencias judiciales ni menos constituyen decisiones sobre responsabilidad penal de nadie. A eso se suma la grosera sindicación de la bocona y alborotada María Fernanda Cabal de tildar al padre de Roux de ser el “mayor mentiroso de los últimos tiempos”, sin sustentar su insulto.
Que Duque no haya asistido al acto de entrega de la Comisión de la Verdad es visto en la comunidad internacional como otro gesto altanero suyo y de su gobierno contra la paz. Trató de enmendarlo con una reunión privada en la Casa de Nariño en la que calificó el informe de simple “reporte para generar un buen debate”, actitud tardía que no borró su falta de haberse ido a Lisboa en ocasión tan trascendental. Es su hábito, pues no se olvide que se opuso a la JEP y la combatió en la Corte Constitucional. Por eso, Duque, siguiendo el libreto de José Obdulio, entregó el Centro Nacional de Memoria Histórica a Darío Acevedo, para que este sectario patrocinara la historia hecha a la medida de las falacias oficiales.
Viendo las cosas con perspectiva histórica hasta fue mejor que el padre De Roux haya tenido que entregarle el informe al presidente electo, Gustavo Petro, y no al subpresidente Duque. Pensándolo bien, no hizo falta el gobierno. Los colombianos ya decidieron ejercer su derecho constitucional a la paz, duélale a quien le duela, y un paso inolvidable en esa dirección es haber permitido que este informe se difunda a los cuatro vientos aquí y acullá.
Adenda No 1. Centros de reclusión o de ejecución sumaria. La tragedia de Tuluá es una vergüenza mundial y el ministro de Justicia como si la cosa no fuese con su despacho.
Adenda No 2. Veremos si Uribe cumple su promesa de hacer “oposición razonable” a Petro. No sería la primera vez que incumpliría su palabra.
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