Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El personero de una ciudad debe estar a salvo hasta de las sospechas, porque en sus manos está la responsabilidad de sancionar a los corruptos. Lamentablemente eso lo olvidaron los concejales de Bogotá –con la honrosa excepción de Carlos Vicente de Roux y cuatro ediles más–, quienes con razones francamente deleznables han sometido a la ciudad a la aventura de que su Personero por los próximos cuatro años sea Francisco Rojas Birry.
El indígena y abogado se desempeñó como constituyente en 1991, y desde entonces ha gozado del cariño y solidaridad de los medios, no obstante registrar un periplo accidentado, en el que figura hasta una sanción de la Procuraduría.
Rojas Birry está inhabilitado para ejercer el cargo, por la sencilla razón de que dentro del año anterior a su elección fue contratado por el Programa de Naciones Unidas (PNUD), para ejercer funciones en la Alcaldía, oficio que fue pagado con recursos del Distrito de Bogotá. Es decir, lo que ocurrió fue que Lucho Garzón en vez de haber nombrado directamente en la nómina oficial a Rojas, le dio instrucciones al PNUD para que lo contratara y lo pusiera a su servicio. El PNUD remuneró a Rojas no con dineros de la cooperación internacional, sino con recursos que el Distrito de Bogotá le había entregado precisamente para que contratara asesores. En plata blanca, el PNUD fue una especie de intermediario entre la administración distrital y Rojas Birry.
El nuevo Personero y sus amigos se defendieron de tan graves reparos, con babosadas. Alegaron que como el PNUD no es una entidad pública, no hay inhabilidad. No les importó que el personaje fue asesor del anterior alcalde y que además sus honorarios los pagamos todos los bogotanos, que es lo que sustenta la inhabilidad que hoy lo acosa. Adicionalmente, invocaron de manera tergiversada un concepto en abstracto de la Procuraduría y un fallo del tribunal contencioso sobre otro asunto, del todo diferente al caso del audaz indígena. Hasta echaron mano del populista argumento de que lo estaban vetando por indio y por pobre.
El sentido de la inhabilidad que olímpicamente ignoraron nuestros concejales, no es un capricho. Tiene una razón poderosa y es la de impedir que quien estuvo vinculado a una administración, se convierta posteriormente en su controlador. Ahora Rojas será el juez disciplinario de muchos actos de la administración a la cual asesoró dentro del año anterior a ser nombrado Personero.
Es deplorable lo que pasó en el Concejo, tanto más si se tiene en cuenta la insólita justificación del concejal Carlos Fernando Galán, según la cual, nombraron a Rojas Birry para que la Personería no quedara en poder de alguien peor del partido de la U. ¡Si eso dice un hijo distinguido de Galán!
Es insultante que en Bogotá –el nido de la política, la jurisprudencia y la academia–, nuestros representantes escogieran al Personero con semejante criterio. Increíble que entre los miles de juristas de la capital no hayan encontrado uno que los convenciera, salvo el que les señaló el propio alcalde Samuel Moreno.
Sí, esa es la dolorosa verdad. El Personero que debería ser de grupo político diferente al del burgomaestre, fue impuesto por éste último. Eso es pernicioso, porque puede ocurrir que un Personero que le debe tanto a un solo hombre, no sólo aplauda la administración que debe vigilar, sino que termine persiguiendo a sus opositores y contradictores. Quedó en deuda el Concejo con la ciudad.
~~~
Adenda.- Si es un escándalo que entre la lista de interceptaciones ilegales de la Policía nacional figuren amigos, críticos y funcionarios del Gobierno, lo es todavía más que entre los damnificados estén el Comité Internacional de la Cruz Roja y la OEA.
notasdebuhardilla@hotmail.com