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En entrevista publicada hace pocos días por El Espectador, la contralora general de la República, Sandra Morelli, afirmó: «siguen robándose recursos en salud… incluso respecto a entidades que están intervenidas», «estamos hablando de billones».
Difícil imaginar una acusación más grave, proveniente ni más ni menos que de quien ocupa la principal instancia en los organismos de control dentro de nuestro ordenamiento constitucional.
Es increíble que semejantes señalamientos no hayan tenido una amplia resonancia en todos los medios de opinión y no hubieran ocasionado una alarma general en la nación entera. ¿Será que nos hemos acostumbrado a que esto ocurra y no nos importe o, por el contrario, sí nos importa pero no logramos que quienes deban actuar lo hagan? ¿Acaso no somos conscientes del impacto que tiene para las personas de carne y hueso la falta de esos recursos? Me niego a aceptar que perdimos por completo la sensibilidad o que simplemente tenemos otros problemas tan graves que nos impiden percibir la magnitud de éste.
El veterano Juan Gossaín, en demoledora crónica ( El Tiempo, marzo 24), recogió muchas de las increíbles situaciones que estamos viviendo, que lo llevaron a afirmar: “el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia”. Estas voces se suman a los innumerables pronunciamientos provenientes de los más diversos sectores, que en vano han denunciado las profundas fallas, que no se limitan al criminal robo de los recursos.
Recordemos que la única razón de ser de un sistema público de salud es mejorar el estado de salud de la población. En este aspecto el resultado de nuestro sistema también es muy inferior al que debiera esperarse, en relación con los importantes recursos que puntualmente aportamos los colombianos todos los meses. Muchas cifras permiten sustentar esta afirmación, pero para no entrar en un debate de nunca acabar, sólo voy a mencionar dos, que el Gobierno ha denominado “intolerables”: en Colombia en el año 2011 nacieron 2.122 niños con sífilis congénita y se registraron 511 muertes maternas y la situación continúa, ya que en las primeras cinco semanas epidemiológicas de este año se presentaron 36 casos de muertes maternas.
Estos indicadores no son simples frías cifras, sino que como lo dice la propia circular conjunta externa sobre mortalidad materna emitida recientemente: “la mortalidad materna es un indicador que expresa la situación de salud y calidad de vida de la población, ya que advierte sobre las condiciones sociales, económicas, educativas, familiares y personales de las mujeres. Asimismo, permite evaluar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de salud en cuanto a la atención integral de la mujer”.
Pero como si esto fuera poco, el día a día para los enfermos y sus familias es totalmente inhumano, insensible al dolor y al sufrimiento. Es lugar común el viacrucis que tienen que sufrir entre autorizaciones, reclamos y tutelas, con el resultado final de las personas cargando con su enfermedad y sus dolores de un lado para otro.
Hasta cuándo tendremos que esperar para que se tomen las medidas estructurales y nos dejemos de reformas, paños de agua tibia e insulsos anuncios de soluciones que no son. Con urgencia debemos evolucionar a un sistema de salud que sea sencillo y transparente para acabar con la corrupción, que se enfoque en la prevención para que no se mueran más madres en el parto ni nazcan más niños con sífilis, pero especialmente para que sea humano, de modo que los enfermos encuentren en él solución a sus problemas y no un motivo más de frustración y de tristeza.