Confianza y credibilidad

En Colombia es difícil tener confianza en el Gobierno. Es de reconocer que la política no es el reino de la sinceridad y la transparencia. Pero el abuso de la mentira mina la credibilidad en las autoridades públicas y afecta la legitimidad de las instituciones. Los dos últimos gobiernos han abusado conscientemente del engaño y de la mentira para alcanzar fines que estiman importantes. La cercanía al paramilitarismo, el uso del DAS como policía política y el asesinato de inocentes por las Fuerzas Militares han dejado una herencia perversa al actual gobierno. El cambio de talante del presidente Santos no alcanza para borrar la génesis de su poder. Su pasado como miembro activo y beneficiario del uribismo lo persigue. La debilidad de su ministro de Defensa impide prescindir de las tácticas de engaño propias de la guerra mediática contra las Farc. La senda de inmoralidad y podredumbre sobre la cual se ha construido la coalición de Gobierno hiere la sensibilidad de la población y clama por una renovación política. Esto explica el desagrado de los verdes por los coqueteos de Peñalosa con Uribe, ejemplo de cómo el oportunismo prevalece sobre el principio de “no todo vale”.

La legitimidad de los poderes se construye sobre la confianza y la credibilidad que sus actuaciones generan en la población. La violencia y el irrespeto a los derechos humanos con el fin de mantenerse en el poder resultan incluso un mal negocio. El descalabro de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa así lo enseñan. Es hora de aprender de la experiencia. Los derechos humanos ganan más y más terreno como principios a observar en el comercio internacional. La creación de mecanismos de queja y defensa de derechos humanos en organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, FMI) y de comercio internacional (OMC) reafirma la creciente importancia del tema.

El gobierno Uribe se hizo célebre por el uso de cargos diplomáticos para resguardar parapolíticos de la acción de la justicia. La reveladora conversación entre Mario Uribe y el secretario de presidencia Moreno (el “bacancito”) para sacar del país a Carlos Higuera Escalante, candidato al Congreso en 2001 respaldado por el paramilitar Ernesto Báez y cercano a los afectos del presidente Uribe, quien intentó nombrarlo en la junta directiva de Ecopetrol, revela en lo que se convirtió el servicio diplomático del país. Otros uribistas perseguidos por la justicia como Salvador Arana, Juan José Chaux, Jorge Noguera o Luis Ignacio de Guzmán también representaron “dignamente” al país en el exterior.

La herencia de un falso servicio exterior “profesional” no parece preocupar al actual presidente, quien mantiene en sus cargos a personas procesadas por la justicia como Mario Montoya, César Mauricio Velázquez o Jorge Visbal Martelo. En este terreno no basta el talante. Se requieren hechos que generen auténtico respeto de los principios del “buen gobierno”. Pero tanta coherencia parece incompatible con el pragmatismo de nuestros gobernantes.