Contradicciones de gobierno

Cientos de poblaciones han sido desplazadas por la fuerza de las aguas y la imprevisión de los hombres. El Gobierno nacional intenta tardíamente taponar el boquete y el Presidente administra el problema como uno más de los asuntos burocráticos que despacha desde Bogotá. Se llama a la solidaridad nacional, se anuncian los muchos millones destinados a atender a los damnificados y se publicita la alabanza del presidente del BID a la capacidad de las instituciones colombianas. Mientras eso sucede, ya se discute sobre el futuro de la región: si reconstruir las poblaciones anegadas o reubicarlas en nuevos asentamientos, opción esta última por la que se inclinan los expertos norteamericanos llamados para enfrentar la tragedia. El anterior cuadro refleja muchas de las contradicciones del ejercicio del gobierno en nuestra historia colonial y republicana.

El conflicto entre centro y periferia en torno al Canal del Dique no es nuevo. Su construcción y mantenimiento fue ya punto de discordia en el virreinato español en la Nueva Granada. No era claro que siendo los comerciantes de Cartagena y Santa Marta los principales beneficiarios de la canalización del río Magdalena para conectarlo con la bahía de la ciudad amurallada, fuese la Corona la llamada a asumir los altos costos del proyecto. En épocas de crisis, especialmente durante la independencia y la reconquista, la falta de recursos llevó a interrumpir la navegación por el canal. Luego vendría el conflicto de intereses entre comerciantes terrestres (yunteros, ferrocarrileros) y comerciantes fluviales. Ante la creciente sedimentación del canal se llegó incluso, en época de auge del comercio ferroviario, a dudar de su necesidad.

A la contradicción entre centro y periferia se añade una nueva, producto de la intervención incontrolada del ser humano sobre el medio ambiente. Aquí no es conveniente confundir superstición e imprevisión. No es un asunto de retórica, sino de responsabilidad ante el sufrimiento humano que ha podido ser evitado. Atribuir la causa de la tragedia al azar de la naturaleza es superficial y funcional al ejercicio incontrolado del poder. Algo va de un terremoto a una inundación por la ruptura de una obra humana indebidamente manejada. La sedimentación del río y la necesidad de obras para el mantenimiento del canal habían precedido un documento Conpes que se encontraba en ejecución desde mediados de 2010. La pregunta de responsabilidad política y jurídica, no moral ni metafísica como pretenden algunos atribulados comentaristas, se desplaza a saber qué tan previsible era la ruptura de las paredes del dique en el contexto de la problemática del canal y si se cumplió con el deber de previsión por las autoridades en relación con el mantenimiento adecuado del mismo.

La tercera contradicción ilustra nuestra debilidad democrática. En una verdadera democracia, la prensa y la ciudadanía tendrían acorralado al gobernante de turno exigiéndole enfrentar eficazmente la tragedia de dimensión nacional. Pero este no es el caso de la “medio-democracia” en que vivimos. Las festividades navideñas desplazan la tragedia a un tercer plano. Tampoco en la decisión de reconstruir las poblaciones afectadas o de reubicarlas parece importar la opinión de los afectados. Al centralismo y a la imprevisión oficial se suma el espíritu antidemocrático de gobierno. La “prosperidad democrática”, hermana de la “seguridad democrática”, suma ahora dos millones más de desplazados, supuestamente por “tragedias naturales”. ¡Y todos tan contentos!