Dad calma a la República

La gran fortaleza de las instituciones es que ellas seguirán allí cuando nos hayamos ido. Son esas instituciones que dan identidad a nuestra nación las que dan estabilidad, pese a sus deficiencias y permanente posibilidad de mejora. Por ello no debemos confundir a las personas falibles e interesadas que temporalmente están al frente de las mismas con las organizaciones y los procedimientos que han sido ideados para asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes de los colombianos.

El acuerdo final de la Habana es un acuerdo político, no un acuerdo humanitario aunque tenga componentes y efectos en tal sentido. Por la vía del derecho internacional constitucionalizado no vamos para ninguna parte en la refrendación. Persistir en el camino del acuerdo especial es dar palos de ciego. La estabilidad y el blindaje hacia el futuro de lo acordado no lo da el malabarismo jurídico sino el respaldo popular en las urnas. A la democracia no hay que temerle. Bienvenido el plebiscito, ojalá avalado por la Corte Constitucional.

Ni Uribe ni Santos han estado a la altura de sus investiduras como jefes políticos. Insisten en devolvernos al pasado denostando y despreciando con su personalismo las instituciones que juraron respetar y defender. Pero todavía es tiempo para rectificar el curso. No por vía de la incorporación de artículos de última hora en el sexto debate de una reforma constitucional en curso. Ese atajo inconstitucional no es necesario. El artículo 3 del proyecto de ley estatutaria que revisa la Corte Constitucional, y que otorga fuerza vinculante a lo aprobado por el pueblo plebiscitariamente, podría ser la llave que otorgue estabilidad y jerarquía al acuerdo final.

Santos, Uribe y Timochenko, si fueran políticamente responsables, deberían reunirse y no levantarse de la mesa hasta tanto no hayan llegado a un acuerdo. El amor a la patria y a las futuras generaciones así lo exige. Santos debería renunciar a las dictatoriales facultades extraordinarias. A cambio, Uribe debería comprometerse si gana el plebiscito a respetar las decisiones del Congreso para la consolidación de la paz. Timochenko, por su parte, debería aceptar como condición para la rehabilitación política de la cúpula guerrillera el desmonte efectivo de la participación en los negocios del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión.

Mientras estos escenarios, el primero más real que el segundo, tienen lugar, el Congreso de la República debería desistir del otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la república. Es como girar una chequera firmada y en blanco a persona indeterminada. Si al acuerdo final, por virtud del fallo constitucional de revisión estatutaria, le es reconocido rango supraconstitucional por ser aprobado mediante plebiscito, entonces no habrá riesgo que justifique el tratamiento de excepción al delegar la tarea legislativa, así sea temporalmente, en un dictador comisario.