La razón y la sinrazón

Se esperaba un cambio respecto al gobierno anterior, no sólo de talante sino de espíritu. Que se pasara de la camorra al trato digno; de la chuzada ilegal a la plena observancia del Estado de derecho. Pero parecen primar el jugador sobre el hombre de Estado; los instintos sobre la razón; la injerencia indebida sobre la institucionalidad democrática. No es tarde para recapacitar y enmendar el lance, como parece haberlo advertido el propio presidente Santos al llamar al diálogo después de la descalificación. Sólo el disgusto ocasionado por los fallos sobre los computadores de Reyes, la absolución del presunto ideólogo Cienfuegos y la condena al Estado por la debacle militar en la base de las Delicias, explica la afirmación presidencial que no había peor inseguridad en Colombia que la inseguridad jurídica. ¡Tamaña descalificación a quienes cumplen el deber constitucional de interpretar y aplicar la ley!

No le corresponde a quien ostenta el mayor poder político en el territorio criticar públicamente a los jueces y magistrados. En mala hora ha hecho carrera la tesis en el país de que el Ejecutivo puede declarar que respeta las decisiones judiciales pero salir a disentir públicamente de ellas. Esta práctica demagógica mina la credibilidad del Estado y afecta la confianza en las instituciones. Lo anterior no significa que las decisiones judiciales no puedan ser criticadas. Pero, en un Estado democrático de derecho, la crítica entre funcionarios debería hacerse por escrito, no tramitarse en público. Esto para permitir un debate serio y constructivo. Cuando el presidente sale en televisión a “debatir” las sentencias –así lo haga bajo la forma de sentidas exhortaciones a la ponderación– opone a la independencia judicial su representación popular. Bien podría dirigir sus opiniones en memorial a los jueces; no preferir la presión de la tribuna y el señalamiento a quienes han jurado defender la Constitución y la Ley por encima de los intereses coyunturales.

Oportuno resulta recordar la distinción de Kant entre uso público y uso privado de la razón. El primero corresponde al ciudadano de a pie. Su ejercicio del pensamiento crítico permite el perfeccionamiento de la República, sin que sea aceptable la censura. El uso privado de la razón corresponde hacerlo a la persona en determinada función o puesto. Algunos miembros de la comunidad, los funcionarios públicos entre ellos, deben limitar su accionar para acompasarse a los mandatos superiores. Desde luego cabe a ellos razonar, pero por lealtad a las instituciones, deben tramitar sus críticas ejerciendo la pluma en forma docta. Resulta pernicioso para el respeto ciudadano a la ley que quien como funcionario debe dar ejemplo de la sujeción al derecho pretenda sutilizar en voz alta los dictados de los jueces.

Si deseamos que algún día brille en Colombia la justicia y reine el imperio de la ley, debemos aprender a tramitar correctamente las diferencias. En Estados de derecho consolidados los jueces reinan sobre los administradores. Por eso, cualquier desafío público a las decisiones judiciales es dura y prontamente sancionado. Bienvenido sea el ejercicio crítico de la razón, incluso por los funcionarios, pero dentro de sus fueros, adecuadamente y en concordancia con los fines públicos. Esto hace la diferencia entre un gobierno autoritario y uno republicano.