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Hay en el ser humano una tendencia a negar la existencia de conductas atroces y censurables, más cuando de alguna manera se está involucrado en ellas.
Se trata de un mecanismo psicológico para evitar la vergüenza y la culpa por los daños causados a otros, en especial a inocentes. Negacionista fue parte del pueblo alemán, renuente a aceptar la ocurrencia del exterminio judío, como también lo fueron aquellos intelectuales que calificaron las cámaras de gas como un simple accidente histórico. Mientras la primera actitud se explica por el deseo de evitar la vergüenza por la inacción propia, la segunda busca intencionalmente tergiversar la historia para evadir las responsabilidades derivadas de la participación en los hechos.
El negacionismo es actual en Colombia. Promete hacer carrera en la sociedad y en las instituciones encargadas de administrar justicia. El exfiscal Osorio es llamado a responder ante la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes por la penetración del paramilitarismo en el principal organismo de investigación criminal durante su administración. Por su parte, las escandalosas revelaciones de Raúl Emilio Hazbún, alias Pedro Bonito, sobre la financiación a los grupos paramilitares por parte de hacendados, empresarios e industriales, son devaluadas a mero instrumento de “venganza criminal” en lugar de contribuir probatoriamente al análisis honesto de las responsabilidades de los actores involucrados en la violación masiva y sistemática de derechos humanos en el país.
¿Cómo desconocer que muchos jefes paramilitares eran a su vez finqueros en las zonas de masacres? ¿Cómo negar los vínculos de empresarios con paras y militares involucrados en las actividades ilegales? La condena a Chiquita Brands en Estados Unidos es un campanazo de alerta. Cierto es que la actuación criminal de los llamados ‘grupos de autodefensa’ se desplegó bajo la mampara jurídica de las Convivir, pese a las evidencias de abusos y desmanes en muchas zonas del país. No obstante, familias de hacendados o parte de ellas prefirieron abandonar sus tierras antes de unirse a la campaña de limpieza social promovida por los amigos de la violencia como forma de combatir la violencia. Por eso suena tan insólita y contradictoria la tesis de la “coacción insuperable” a la que presuntamente fueron sometidos los financiadores del paramilitarismo. Sería triste que en la justicia, a la hora de establecer responsabilidades que permitan llegar a una paz verdadera, hiciera carrera la cuestionable tesis de la justificación de la legítima defensa colectiva y preventiva, manera de negar de plano la posible responsabilidad de los financiadores y autores intelectuales de tanto sufrimiento.
No habrá en Colombia ninguna posibilidad de avanzar seriamente hacia la paz si no se establece en forma cuidadosa, diferenciada, detallada y honesta la multiplicidad de responsabilidades jurídicas —penales, disciplinarias, patrimoniales—, morales y políticas de todos los involucrados en los delitos cometidos por todos los grupos en conflicto. Tender un manto de olvido o jugar a clausurar truculentamente las investigaciones sólo ahondará las heridas y diferirá la solución del conflicto. Si los colombianos no están en capacidad de valorar y juzgar imparcialmente los hechos que nos laceran, serán los tribunales internacionales los llamados, como las Erinias, a restablecer la justicia. Si lo último llegara a suceder, ciertamente serían más los funcionarios llamados a responder por sus acciones y omisiones, así como mayores las condenas patrimoniales a cancelar justamente a las víctimas.