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CUANDO MIEMBROS DEL GOBIERNO o columnistas atacan al Polo Democrático Alternativo, a su presidente o a miembros del partido político legalmente reconocido y los califican de “extremistas”, “mamertos” o “tibios con la guerrilla”, desprecian los esfuerzos que desde la izquierda democrática se hacen por construir democracia y por fortalecer las instituciones públicas como alternativa a la violencia de las armas.
El más reciente ejemplo lo ha dado Mauricio Vargas en El Tiempo, al pregonar el presunto silencio del Polo ante el aleve ataque de la guerrilla al municipio Roberto Payán, en Nariño, ignorando olímpicamente la condena a las Farc publicada por el PDA y firmada por Carlos Gaviria el día siguiente al atentado.
Sin lugar a dudas, la administración del miedo y la distorsión del opositor ideológico al identificarlo con el mal, llámese éste “comunismo” o “ateísmo”, son estrategias de marketing político eficaces: ellas radicalizan al elector y lo movilizan contra quienes consideran una amenaza para sus vidas. No obstante, un signo de madurez y lealtad democrática es ventilar las divergencias y las contiendas políticas según las reglas del juego limpio, donde las únicas armas admisibles son la fuerza de los argumentos, de ninguna manera la descalificación personal de los contendores. Este es por cierto un ideal y lo posible está en medio de ambos extremos. Esto vale tanto para la izquierda como para la derecha. El mejor criterio para establecer unas reglas de fair play en las controversias por el acceso y/o el mantenimiento del poder público, es rechazar el debilitamiento de las instituciones democráticas, en particular los partidos políticos, que cumplen importantes funciones de representación de la voluntad popular por querer del Constituyente.
Para decepción de los propagandistas del macartismo y para tranquilidad de los interesados en una alternativa a la guerra y a la violencia en Colombia, la política de un eventual gobierno del PDA en relación con las Farc ha sido anticipada por su presidente en reciente entrevista dada a la periodista Margarita Vidal y publicada en El País. Ante la pregunta sobre el reconocimiento a la política de seguridad democrática, el presidente del Polo sostuvo: “Es evidente que la seguridad se requiere y se necesita en Colombia y que se ha avanzado en ese terreno, pero también hay reconocer que sí existe un conflicto, incluso para poder reclamar la vigencia del DIH.
Por otra parte, la guerrilla se encuentra debilitada y ese es un logro que hay que mantener e incrementar —sin que el Estado deje de cumplir su función utilizando las armas—, pero abriendo espacios que posibiliten la terminación más pronta y menos cruenta del conflicto”. En las anteriores palabras se encuentra toda una política de seguridad diferente a la perseguida a sangre y fuego, con redadas de inocentes, interceptaciones ilegales, uso de insignias de la Cruz Roja, falsos positivos y desprecio por los Derechos Humanos por parte del actual Gobierno. El debilitamiento de la guerrilla va de la mano con el reconocimiento del conflicto armado y de la estricta sujeción al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Un signo indiscutible de civilización y de madurez democrática consiste en un comportamiento leal a las reglas democráticas y deliberativas de la controversia política, cuya finalidad es el respeto del otro como un igual en dignidad y derechos. La mayor garantía contra el autoritarismo, el fanatismo y la violencia es un sistema político republicano donde la libertad de expresión, el pluralismo y el derecho a disentir son vistos como fortalezas institucionales y no como amenazas a la seguridad y la convivencia ciudadana.