Santoyo en la encrucijada

Una hipótesis que ojalá no deje de lado la justicia en el caso del general Santoyo, exjefe de seguridad del candidato y luego presidente Uribe, consiste en partir del supuesto de que Uribe conocía totalmente el accionar de sus cercanos colaboradores y las acciones del grupo eran medios para alcanzar lo que consideraba un fin legítimo: acabar con la guerrilla, responsable de la muerte de su padre y de la tragedia del país. La hipótesis investigativa es más acorde con la memoria de computador y la inteligencia a la que no escapa detalle alguno, capacidades del expresidente por todos conocidas. No es creíble que el exgeneral se haya vendido sólo por dinero, como quiere hacernos creer en sus declaraciones ante la Corte de Virginia. Lo accidentada de su eficaz carrera contra el crimen (incluso “untándose las manos” con métodos criminales) y las peripecias que hubo de sortear para anular las sanciones de la Procuraduría y lograr luego el grado de general de la República, entre otros gracias al actual procurador Alejandro Ordóñez, indican que la ambición de Santoyo, más que el dinero, era el ascenso en la cadena de mando y el reconocimiento social. El problema pudo ser que en la lucha contra el crimen guerrillero se les cayó la tramoya legal, como en el caso del excomisionado Luis Carlos Restrepo y las falsas desmovilizaciones de las Farc para legitimar el proceso de paz con los paramilitares. Recordemos que incluso para las chuzadas telefónicas se buscó en su momento un piso jurídico que luego desbarató la Corte Constitucional al declarar inexequible el estatuto antiterrorista. Este pequeño escollo no parece haber impedido al otrora gobierno y a su asesores seguir utilizando la infraestructura del DAS para chuzar luego a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.

Santoyo, más que un criminal ordinario, traidor a la institución policial y a la patria, parece ser una pieza más dentro de una intrincada estrategia para liquidar a las Farc combinando “todas las formas de lucha”, al mejor estilo de los manuales de contrainsurgencia enseñados en la Escuela de las Américas. La justicia norteamericana debería explorar todas las hipótesis y no contentarse con la entrega de altos mandos militares y de policía. ¿Qué papel cumplieron los “jefes de la seguridad” y hermanos Santoyo en el proceso de elaboración de la Ley de Justicia y Paz desde Ralito? Cuando se conozcan todas las evidencias de los vínculos entre paramilitares y políticos regionales y nacionales se entenderá la dimensión del problema. En ese momento caerá la hoja de parra para millones de colombianos que por complicidad, conveniencia o comodidad aceptaron el uso del crimen para combatir el crimen. Cuando eso suceda, el país tendría que vetar políticamente a todos quienes construyeron sus fulgurantes y exitosas carreras políticas pese a saber que habían cruzado la línea de lo lícito y lo ilícito. Luego vendrá el esclarecimiento de si además de la responsabilidad política deben asumir otro tipo de responsabilidades.

Si la Corte Constitucional no hubiera tumbado el estatuto antiterrorista así como el estatus político que se buscaba dar a los jefes paramilitares, otro sería el cantar de Santoyo en Estados Unidos y otra la suerte de Luis Carlos Restrepo ante la justicia colombiana por las falsas desmovilizaciones. Al fin y al cabo, a veces ni el fin superior justifica los medios, ni la doctrina del mal menor santifica juntarse con criminales.