Seria acusación, seria investigación

Se le acusa de haber favorecido como magistrado del Consejo de Estado a congresistas vinculados a la parapolítica, con la intención de luego salir elegido por sus benefactores. La sindicación no la inventaron los medios de comunicación. Provino de un colega suyo. Ella no puede ser más grave. Mucho está en juego: no sólo el honor y el buen nombre del implicado. También la credibilidad futura del máximo organismo de control del ejercicio de la función pública. Esta es una buena oportunidad para probar la madurez y la seriedad del proceso de elección de cargos de gran trascendencia para la vida republicana del país.

Sobrada razón tienen los amigos y partidarios del ex consejero en resentirse por tamaña acusación. Ella raya en la difamación y en la calumnia. Parecerían ser expresión clara de la envidia o de la “mala leche” de sus malquerientes. De cualquier forma, si no existen pruebas que sustenten las sospechas, el afectado tiene sobrado derecho a exigir la retractación de lo afirmado sobre su conducta profesional. No obstante lo espinoso del tema, tampoco debe ser desatendido el derecho político de la ciudadanía a una elección transparente e informada. La parapolítica enturbia hace mucho los procesos electorales. Es ya tiempo de que seamos exigentes. Sobre todo de cara a la campaña electoral de 2010.

Los procesos de renovación de los cargos políticos deben ser públicos, participativos y sometidos al fuego de la crítica. Todo dentro del respeto de los derechos constitucionales. Quien somete su nombre a una posible elección oficial, debe aceptar una restricción de sus derechos por exponerse al escrutinio público. La crítica no debe desviarse a estigmatizar a la persona por sus opiniones privadas. Cosa contraria sucede frente a sus actuaciones en ejercicio de la función judicial. El candidato tiene el deber de explicar y clarificar todas las inquietudes que la opinión pública pueda poseer sobre su desempeño. El examen de su conducta como juez es el mejor indicador de su idoneidad para ejercer el nuevo encargo.

Por su parte, quienes cuestionan, comunican, investigan o eligen al candidato deben pasar de la sindicación a los hechos. Se requieren ahora pruebas empíricas y el ejercicio de la sana crítica respecto de todos los factores y las circunstancias de tiempo, modo y lugar relevantes para esclarecer si, en efecto, las actuaciones surtidas por el ahora candidato permiten llegar a la convicción razonada y fuera de duda de la intención de preordenar los asuntos contenciosos a su cargo para favorecer una futura elección como procurador. Un indicio serio en tal sentido lo constituye el presunto cambio sorpresivo de posición del ex consejero en relación con las causales de pérdida de la investidura de los congresistas. Los móviles de la conducta del funcionario no se evalúan a partir del número de testimonios sobre su honorabilidad. Es necesario apreciar los fundamentos de las decisiones por él proyectadas; los registros de llamadas y visitas de los congresistas o de sus abogados; los vínculos familiares; los nombramientos de allegados o amigos. Recordemos que para muchos, del presidente Uribe hacia abajo, la parapolítica es un invento de la Corte Suprema de Justicia y de los enemigos del Gobierno, tesis que explicaría cambios sorpresivos de doctrinas judiciales y de futuros conceptos del ente fiscalizador. Sobre los senadores que van a elegir al nuevo Procurador recae una gran responsabilidad. La población sabrá premiarlos o castigarlos. De su decisión depende en parte la garantía de los derechos constitucionales de todos.