Sobre salud y educación

Se preguntaban qué implicaciones tiene para la política que el ciudadano deba acudir a los jueces para ver garantizados sus derechos sociales. La más interesante fue la tesis de uno de los expositores. Para que algo sea un derecho fundamental, ese algo debe ser igual para todos. Si somos libres, debemos ser igualmente libres. De lo que concluía que la garantía de los derechos fundamentales también debe ser una y la misma para todos. Para dar seguridad, una misma policía. Para cuidar las libertades, una misma administración de justicia. Lo sorprendente vino luego: el argumento vale también para la salud y la educación: si son derechos fundamentales, su garantía debe ser una y la misma para todos. De lo contrario, o no serían derechos fundamentales, o se estarían violando permanentemente al permitir su goce a algunas personas y a otras no. En suma, derechos fundamentales y reconocimiento desigual no van juntos.

A las críticas el expositor respondía que de no asegurarse una igual garantía a la libertad o a la seguridad personal, por ejemplo, se estaría permitiendo que unos contrataran justicia o seguridad privada, con lo que tampoco serían fundamentales estos derechos. Con algo de tristeza pensaron algunos que ese caso no era muy lejano de la realidad en sociedades tropicales, donde es común contratar seguridad privada y pactar tribunales de arbitramento. En esas sociedades ni siquiera los derechos civiles y políticos son reconocidos en la práctica como fundamentales. Allí el lucro es rey y el mercado, la ley.

Cuando un derecho es fundamental para una comunidad, no queda al libre arbitrio político o del mercado. Por principio, su garantía se eleva por encima de la política y se asegura como condición de posibilidad para todos. Tan falso es el mito de la omnipotencia del mercado, como lo es el de la ineficiencia del Estado. La educación privada para pobres adquirida en el mercado es en general de pésima calidad, mientras la pública podría ser de excelencia si los hijos de los ricos también tuvieran que asistir a ella, evitándose así la segmentación social y los privilegios para gente acomodada. Ese ha sido el principio en Alemania y Francia, donde la educación privada es sólo para quien por desventajas naturales la necesita. Lo mismo sucede en la salud.

Las reformas a la educación y a la salud seguirán siendo cosméticas en Colombia mientras no se resuelva de raíz el origen de la discriminación generada por servicios de diversas categorías y calidades. La fuente de la desigualdad social, pese a la retórica oficial con magros resultados, seguirá viva mientras no se establezca una educación pública y una salud pública que sean universales, gratuitas y de excelencia. La experiencia de sociedades conscientes de la importancia de tomarse en serio los derechos fundamentales les ha permitido no soportar la vergüenza de la seguridad “privada”, de los tribunales de justicia propios, de la educación o salud de primera, segunda y tercera categoría. El triste destino de una comunidad manipulada y dominada será el de seguir negando su situación real, predicando mentiras al mundo y controlando los efectos sociales adversos de decisiones eficientistas e inicuas, características del subdesarrollo.

Colombia se apresta para seguir negando el abismo entre lo que proclama y lo que practica. En la educación y la salud seguiremos arrojando los peores resultados. El gobierno de la regla fiscal se apresta a negar el carácter fundamental a estos derechos. Pretende que ni los jueces puedan ya defendernos. ¡Vaya prosperidad democrática!