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En más de medio siglo no habíamos estado nunca tan cerca de acallar las armas.
Son ya apreciables la distensión y la caída en las cifras de muertes en combate. Cúpulas militares del Estado y las Farc pactan en estos momentos desminado, dejación de armas, desmovilización y reinserción de la tropa guerrillera a la vida política y civil. El país marcha esperanzado por la vida y en rechazo a la violencia y sus multiformes manifestaciones. El clamor popular exige dejar atrás la vorágine de odio y destrucción. Bien podríamos decir que sobre lo abstracto hay acuerdo.
No pasa lo mismo con lo concreto, sobre lo que reina el desacuerdo: modelo económico, régimen de tierras, política minero-ambiental, sistema político y comercio internacional son campos donde reina la divergencia. Tras la abstracción de los buenos propósitos se esconden posturas contrapuestas; las salvedades y los pendientes resultan más que los consensos. No es de asombrarse: una cosa es querer insertar a Colombia en la economía mundial de la mano de la OCDE, norte que guía el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otra distinta rehacer el país de la mano de la justicia social. El barco de La Habana, como guiado por un hado inescapable, parece conducirnos a otro puerto constitucional.
La constituyente para refrendar el proceso de paz parece inevitable. Como en un gran juego de póquer, unos y otros se disponen a ir los restos en la tómbola de una asamblea partera de un nuevo pacto constitucional. Varios son los indicadores: la necesidad del cierre jurídico sugerido por el expresidente César Gaviria para actores intelectuales y materiales; la inadecuación o elevado riesgo de otras vías de refrendación (referendo, plebiscito, consulta popular); el valor simbólico y psicológico para las guerrillas de jurar no la Constitución de 1991 sino una expedida con propia manufactura; el clientelismo y la corrupción tienen carcomidas y al borde de la parálisis las instituciones.
La preconstituyente de La Habana, de limitada representatividad por no tener presencia en ella múltiples sectores sociales y políticos, habrá sido un proceso de reconocimiento y construcción deliberativa. Pero lo trascendental aún falta. Gobierno y guerrilla persisten en el doble rasero producto de un cierto maximalismo: neoliberalismo a ultranza y socialismo o muerte. El aprendizaje histórico en Cuba podría ser positivo si empezáramos a pensar gradualmente y en forma planificada. No un pacto de máximos sino uno de mínimos, pero sustantivos, podría unirnos como nación.
Para instituir una constitución política que proscriba las relaciones fratricidas no basta con darnos nuevas instituciones jurídicas. Se requieren además grandes propósitos comunes cuya ejecución presupone disposiciones y actitudes compartidas. ¿Cómo querríamos todos que la historia nacional recordara la Constitución de 2016? James Robinson sugiere una disyuntiva: tierras o instrucción pública para todos. Pero, ¿por qué la disyuntiva? ¿Por qué no pensar seriamente en universalizar el acceso a la tierra y a la educación pública, gratuita y de calidad, como los dos grandes propósitos nacionales para el siglo XXI? Pactada una defensa concreta, no meramente abstracta, de la vida individual y colectiva, otras decisiones vendrían por añadidura, entre ellas la protección ambiental, la desmilitarización de la sociedad y la profesionalización de toda la administración pública.
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