Una idea sencilla

Europa estrenaba constituciones modernas, con Estados sociales de derecho fuertes, fundados en la dignidad humana y la solidaridad social. Un congreso admirable, de esos que representan a la totalidad del pueblo, expidió una ley que incentivaba la división de las viviendas existentes y subvencionaba su adecuación para crear nuevas. Estas últimas fueron ocupadas luego por los desplazados que recibían subsidios de arriendo. Los propietarios de inmuebles demandaron la inconstitucionalidad de la ley. Consideraban que violaba sus derechos a la propiedad privada. La Corte Constitucional alemana salvó la medida con fundamento en la función social de la propiedad. Esta sencilla idea permitió en buena medida superar el déficit de vivienda en Alemania después de 1945. Políticas de vivienda como la anterior explican por qué en Europa las casas están divididas en apartamentos para alojar a muchas familias bajo un mismo techo.

El actual gobierno ha dado los primeros pasos en esa dirección con el impuesto al patrimonio para personas con más de mil millones de pesos. Que éstas son más de treinta y dos mil, como se ha dado a conocer recientemente, lo sabemos todos. La evasión es endémica en el país. Muestra que la tal pasión por Colombia es tan sólo un eufemismo. Cuando se trata de contribuir verdaderamente, los de supuesto corazón grande (muchos uribistas purasangre) corren a esconder sus pesitos. El Director de la DIAN tiene ahora la enorme y entretenida tarea de cazar y sancionar a los evasores. Veremos el ingenio de sus estrategias para detectar avivatos. Podría empezar por los barrios estrato 6 de las grandes ciudades. Una nueva y jugosa fuente de dinero para la reconstrucción podría provenir de las sanciones tributarias. La política redistributiva del Gobierno no debería permanecer como norma de excepción. El Congreso admirable de la Unidad Nacional debería leer de la experiencia histórica. Si la coalición de Gobierno quisiera de verdad contribuir a la unidad entre propietarios y desplazados, debería hacer permanentes estas medidas. Quien no quiera pagar tan altos impuestos, pues que venda o subdivida su vivienda, y ponga a producir su capital hoy congelado en inmuebles. El director del Partido de la U y el Presidente del Congreso, ambos tan sensibles a la situación de los desfavorecidos, deberían liderar esta iniciativa. Como pensadores progresistas saben que en Colombia la propiedad privada tiene una función social y ecológica que debe prevalecer sobre los intereses privados.

La idea sencilla de convertir el impuesto al patrimonio en legislación permanente y adicionar la ley con incentivos a la generación de nuevas viviendas mediante la subdivisión de las existentes podría contribuir a otro objetivo: evitar el robo de los recursos para la reconstrucción. Los dineros recaudados no acabarían en las manos de constructores de vivienda social inescrupulosos o del sistema financiero, sino directamente en las de los afectados en la modalidad de subsidios al arriendo, a la alimentación, a la educación y al empleo. Más se gasta en vigilar a los intermediarios de los dineros estatales que en el apoyo efectivo a los directos afectados. La propuesta le permitiría al presidente Santos no sólo aspirar a ser un nuevo Roosevelt, sino incluso un Martin Luther King al luchar contra el apartheid social y la cultura del avivato.