Una propuesta insólita

De materializarse la victoria del SÍ, el senador Uribe estaría en dificultades. El fuero que mantiene en la Comisión de Acusaciones no le bastaría para salir indemne si lo involucran en la justicia transicional. Por eso dice que lo quieren meter a la cárcel, e inmediatamente después ofrece un acuerdo tripartita Gobierno, Farc y oposición, pero bajo condiciones sorprendentes: que los máximos responsables de las Farc acepten algo de cárcel y algo de no eligibilidad política, dos escollos ya superados en la negociación.

¿Cómo entender la insólita propuesta del expresidente Uribe? Mínimo dos interpretaciones son posibles. Según la primera, Uribe busca con sus exigencias fijar posición frente a lo que considera una negociación ilegítima por sus contenidos: las mayorías populares no pueden darle validez a lo que no podría tenerla. Uribe estaría preparando así el camino para pasar de la resistencia civil pasiva a una resistencia activa, cualesquiera que sean las consecuencias para el país. Esta tesis se sustenta en una contradicción performativa entre lo que Uribe dice y lo que hace; la contradicción entre decir que acepta con condiciones el proceso de paz, pero rechazar la existencia del conflicto armado interno. Sólo el rechazo de la existencia del conflicto armado justifica pedir cárcel e inhabilidad política a quienes no fueron derrotados en el campo de batalla.

La segunda interpretación es más benigna. Consistiría en el mensaje subliminal de obviar o modificar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), porque presuntamente ella desataría una cacería de brujas (más preciso de adversarios) para obtener beneficios penales. Aceptar algo de cárcel y algo de limitación política sin tener que contar toda la verdad y delatar a terceros, no sólo guerrilleros sino civiles y militares responsables, desactivaría el peligro. En términos sencillos, el derecho de las víctimas a la verdad se garantizaría vía la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —cuyos resultados no pueden ser tenidos en cuenta en los procesos penales— y no mediante el nuevo tribunal que resulta en exceso riesgoso para el exmandatario y muchos otros pesos pesados, haya o no fundamento real para ese temor.

Aun cuando la propuesta del expresidente Uribe luce extemporánea, no debe descartarse su intención ulterior: llegar a un acuerdo antes del plebiscito. Si vemos factible tal pretensión, también cabe una tercera salida: que Uribe y la cúpula de las Farc acepten que ninguno debe ir a la cárcel, pero que la restricción de la libertad para los responsables de graves delitos incluye la restricción de los derechos políticos durante los próximos cuatro u ocho años, todo en beneficio de los derechos de las víctimas. Lo positivo de esta salida consiste en que la restricción no se aplicaría al grueso de los integrantes de las Farc sino a sus dirigentes.

Que los máximos responsables de las Farc acepten tal restricción y que Uribe se declare conforme con la mitad de sus recientes exigencias es un resultado difícil pero no imposible. El país ganaría mucho si todos los partidos y movimientos, incluido el Centro Democrático, se subieran al tren de la paz. Sería una prueba contundente de que hemos madurado como nación y estamos preparados para llegar a acuerdos mínimos de convivencia aun cuando no sean perfectos. Lo cierto de todo lo anterior es que la JEP ha empezado a impactar las estructuras de poder en el país antes de entrar en vigencia: hace crujir al establecimiento y muestra lo efectiva que podría ser.