Una reforma inconstitucional e inconveniente

Contrasta la promesa con su propuesta como candidato de trasladar la Fiscalía del poder judicial al poder ejecutivo. Justificación del traslado sería que la política criminal es responsabilidad del Presidente de la República y, como tal, la Fiscalía debería estar bajo su dirección. Cuestionado sobre la conveniencia de su idea porque en el momento cursan denuncias penales contra militares en la Fiscalía por el caso de los falsos positivos, el hoy presidente electo se mostró partidario de aplazar la vigencia del cambio hasta la terminación de su período presidencial.

Hasta ahí, todo bien. Pero el gobierno Uribe ha decidido presentar el proyecto de reforma constitucional para permitir la elección de Fiscal por parte del Presidente. Este fue uno de los temas de los que hablaron Uribe y Santos en su primera reunión, que resultó de empalme. Se entiende la prioridad del tema para los funcionarios salientes ante el cúmulo de investigaciones penales que cursan en la Fiscalía contra altos miembros del Gobierno y de la Fuerza Pública. La iniciativa contradice el pretendido fortalecimiento democrático, sustituye la Constitución y es altamente inconveniente para el país.

El Constituyente de 1991 debatió larga y seriamente el tema. Consideró que era mayor garantía para los derechos y garantías individuales que el ente investigador y acusador fuera parte de la administración de justicia y no del gobierno. Este punto es parte de la columna vertebral de nuestra institucionalidad democrática. El argumento comparado, según el cual en Estados Unidos el Fiscal es nombrado por el presidente, no aplica en el país porque las funciones de los fiscales en uno y otro sistema son diferentes. En el país del norte los agentes de fiscalía y policía pueden detener sospechosos o realizar registros sin orden judicial en ciertas circunstancias, atribuciones que no son concebibles en Colombia. El cambio propuesto resulta inútil porque los fiscales necesitarían siempre la compañía de jueces de control de garantías para privar de libertad, registrar el domicilio o recaudar ciertas pruebas. La modificación es por lo demás contraproducente porque pone a disposición del gobierno los resultados de la investigación criminal y le permite decidir si continúa o no con ésta por razones de conveniencia, no de justicia.

La propuesta presidencial es igualmente inconveniente. ¿Cómo verían las víctimas y la opinión pública internacional el paso al gobierno de la entidad que impulsa tantos y tan graves procesos penales en contra de altos funcionarios de la administración o de sus apoyos políticos? La reforma haría innecesario también el fortalecimiento mismo del fuero penal militar. Sería el mismo gobierno a través de los fiscales quien, en ejercicio del principio de oportunidad, decidiría si abre o archiva investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública. Como lo muestra el aberrante caso de Luis Guillermo Giraldo, los grandes perdedores serían las víctimas. Sus derechos se verán escamoteados cada vez que la Fiscalía-Ejecutivo decida sepultar lo que no le conviene a sus superiores aduciendo prioridades más altas o escasez de recursos. La propuesta de cambio no fortalece sino que debilita la institucionalidad democrática y la independencia judicial, además de contribuir a la impunidad en casos de conveniencia. Si hoy la Fiscalía es débil frente a las presiones del Ejecutivo, ¿cómo lo sería si pasa a depender de él?