Apuntes sobre la reforma del Estado

– En el gobierno anterior existía un establecimiento público llamado Acción Social, encargado de la ejecución de Familias en Acción. Este establecimiento concentró la política de cooperación internacional, los programas de consolidación social en las zonas de conflicto armado, los programas de subsidios directos para la erradicación de cultivos y las estrategias para la erradicación de la pobreza extrema.

– El argumento del gobierno Uribe para concentrar estas políticas en una sola entidad, que para fines políticos dependía del presidente, no fue exclusivamente de tipo fiscal. También se buscó una mejor coordinación de las diferentes políticas sociales como clave del éxito para una atención integral de la pobreza.

– El gobierno Santos dividió Acción Social en tantas entidades autónomas como programas principales tenía: creó un departamento administrativo madre, llamado Prosperidad Social (que le sigue reportando al presidente), al que le adscribió nuevas entidades ahora llamadas “agencias”: cooperación internacional, consolidación territorial (para la consolidación social de las zonas de orden público), superación de la pobreza y dos más para víctimas y memoria histórica.

– Estas “agencias” son en realidad unidades administrativas especiales, una vieja categoría de entidades públicas creadas en la reforma administrativa de 1968.

– Crear tantos establecimientos públicos como problemas a resolver puede focalizar mejor los esfuerzos y especializar las tareas. Esto predica el New Public Management, moda académica de los años ochenta cuyo propósito es la inclusión de técnicas de la administración privada en la administración pública. Uno de sus principales postulados consiste en abandonar las estructuras públicas monolíticas para transformarlas en varias “agencias” independientes dotadas de presupuesto y dirección propia.

– En el Reino Unido se inició a principios de los ochenta un proceso de “agencialización” de los antiguos ministerios. Una de las conclusiones más importantes que dejó esta reforma es que al fragmentar ciertas políticas públicas se hizo necesario mejorar la capacidad de coordinación de las mismas; sin ello, las agencias terminan actuando como autistas, ignorándose las unas a las otras. El éxito de una política pública contra la pobreza, a diferencia del sector privado, consiste justamente en poder coordinar, por ejemplo, las políticas de nutrición con las de educación y así sucesivamente con las demás políticas sociales.

El reto para el Gobierno es mayor: coordinar hacia el futuro las políticas sociales en un Estado en el que los altos funcionarios —a diferencia del Civil Service británico— no tienen vocación de permanencia en el tiempo ni la especialización que brinda el acceso a la carrera administrativa.