¿Cómo controlar las regalías de la bonanza minera?

La explotación del petróleo es tan cara que no permite su extracción ilegal. Auditar las regalías que le corresponden al Estado es en principio fácil. En el caso de las petroleras, al tratarse de grandes empresas que cotizan en bolsas extranjeras y cuya contabilidad debe ser una “urna de cristal”, pues basta en teoría con contratar a empresas de auditoría serias que adelanten para la Nación, la fiscalización necesaria.

En minería el tema es más complicado, porque esta actividad está al alcance tanto de grandes multinacionales como de simples mortales. El oro aluvial (no necesariamente ilegal como piensan muchos) o la explotación del carbón de la meseta cundiboyacense es un negocio de pequeños y medianos capitales, de mineros artesanales, pero también de grupos ilegales.

¿Cómo fiscalizar el producido de estas actividades mineras a pequeña escala pero que representan en sumatoria cuantiosos recursos para la Nación? La tarea no es fácil, porque auditar a los miles de mineros del país es un asunto dispendioso y casi imposible.

Se podría pensar inicialmente en controlar más estrictamente a las refinadoras importantes de oro que hay en el país; establecer sanciones serias para aquellas que compren oro ilegal y para las que no destinen el porcentaje de regalías que les corresponden a los municipios y a la Nación.

Una solución más efectiva sería la de obligar el comercio de algunos minerales en una de las dos grandes bolsas de valores del país. De esta forma, se desarrollaría un mercado financiero de derivados de minerales, lo que en la práctica se traduce en fuentes de financiación para los pequeños mineros sobre la base de sus producciones futuras, lo que por sí solo significa modernizar la producción y tomar el camino de la formalización de actividades otrora ilegales.

Asimismo, al centralizar el comercio de ciertos minerales en la bolsa de valores o en la bolsa mercantil, la fiscalización de la minería ilegal y de su comercio se vuelve más fácil; mineral que no se comercializa en la bolsa, es ilegal.

La esperada bonanza minera pone a prueba las instituciones del Estado. Las corporaciones autónomas regionales deberán demostrarle al país si su costosa institucionalidad sirve para proteger el medio ambiente de la minería ilegal o si son ineficientes botines burocráticos. Y en materia minera, de no crear los mecanismos adecuados, los colombianos veremos muy pocos beneficios.