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LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIOnal de nombrar a Jorge Londoño, ex presidente de Bancolombia, a la cabeza de un órgano privado encargado de gestionar recursos públicos destinados a la reconstrucción de los desastres del invierno y adelantar tareas propias del sector público, es una forma para el Estado de reconocer su baja capacidad de ejecución de políticas públicas en el territorio nacional.
La revista The Economist, en su edición de predicciones para 2011, trae un artículo sobre un índice de “capacidad del Estado”, que mide en grandes líneas la capacidad de los países del mundo para programar y elaborar políticas y aplicar las leyes con rigor y transparencia. Colombia aparece en un grupo de 33 países con débil capacidad estatal o institucional, por debajo de dos grupos con capacidad moderada y alta, pero por encima de 58 países con instituciones muy débiles.
Paradójicamente, el gobierno central, a pesar de disponer de muy buenos funcionarios, no tiene cómo poner en marcha por sus propios medios un plan nacional de grandes ambiciones, porque no cuenta con instituciones propias en los departamentos y municipios que le permitan ejecutar sus políticas sin depender del localismo de un alcalde o un gobernador.
Recuerdo que el profesor Jean Michel Blanquer comparaba la presencia de nuestro Estado central en el territorio a una ONG, con expresiones múltiples e indirectas de su existencia, como pueden ser Familias en Acción, el Sena o el ICBF, que despliegan políticas sectoriales que no siempre se articulan entre sí y que a veces son inclusive contradictorias.
Hoy el Estado central depende en gran medida de las entidades territoriales para ejecutar las políticas que elaboran sus ministerios o el arcaico Departamento Nacional de Planeación. Desde 1991, Colombia sentó las bases de un “dualismo territorial”, conforme al cual lo central y lo local constituyen dos ámbitos separados, cada uno con una definición propia de sus intereses y objetivos y que funcionan de manera separada, compitiendo entre sí por recursos limitados.
Chile, el edén de nuestros economistas clásicos, paradójicamente no cedió a excesos ideológicos en el diseño del Estado. Con sentido práctico, no se cegó en teorías como “la relación principal-agente” o “la elección pública” que sobre la base de hipótesis de expectativas racionales, llevaron, entre otras cosas, a justificar el desmantelamiento del Estado central desconcentrado en nuestro territorio.
En Chile, como en España y Francia, el presidente sigue contando con intendentes (nuestros antiguos gobernadores) que lo representan en las regiones y coordinan y ejecutan sus políticas en armonía con el ejecutivo regional, sin que su presencia signifique anular la descentralización. Un Estado central eficaz no es uno ausente del territorio, como tampoco lo es aquel que amplía el alcance de sus actividades. En un marco descentralizado, Estado eficaz es aquel capaz de regular el funcionamiento de las entidades territoriales sin menoscabar su autonomía. Tal vez en esto reside el éxito de Chile en su reconstrucción tras los estragos del terremoto.
@rodrigo_lara
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