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La reforma de las corporaciones autónomas regionales, anunciada desde el inicio del actual gobierno, sigue en el limbo.
El Gobierno señala que la demora obedece a las consultas de ley necesarias para presentar proyectos de esta naturaleza. Sin embargo, me temo que la demora obedece más a impasses de tipo político y constitucional.
A diferencia de las agencias independientes gringas que inspiraron la creación de las CAR, a las que la ley dotó de autonomía, a las criollas les entregamos esa misma autonomía pero en nuestra Constitución. Así las cosas, reformar los órganos directivos de las CAR, como pretende hacerlo el Gobierno, será largo y dispendioso y requiere de un ambiente político muy favorable en el Congreso, que hoy no es el mejor.
Desde el punto de vista del contenido de la reforma, me temo que tanto esfuerzo pueda terminar siendo inane. Al querer reformar los órganos directivos de las CAR, el Gobierno sólo puede tener la finalidad —no declarada, por supuesto— de reducir el peso de las entidades territoriales en los órganos de dirección y en contrapartida fortalecer el del Gobierno Nacional.
Pero la politiquería no es exclusivamente regional, también es nacional. No conozco una sola regional de una entidad del orden nacional, a través de todos los gobiernos, cuyos cargos no se provean con aritmética política: ¿Tantas expectativas para sustituir una política por la otra? ¿Desaprovecharemos una oportunidad de reforma para sacar adelante unas medidas intrascendentes?
De pronto esta reforma, más que enfocarse en el corazón de la autonomía constitucional de que gozan las CAR, que es su autonomía frente a la administración central, debería integrar, con más imaginación, fórmulas que permitan no eliminar la autonomía, pero sí regularla.
Algunos países de Europa continental que importaron este tipo de agencias independientes anglosajonas han diseñado mecanismos para vigilar la legalidad, sin tocar la autonomía, de las decisiones de este tipo de organismos. Se trata de diseñar controles administrativos en cabeza del Ministerio de Ambiente que hagan que las decisiones de las CAR se ciñan a la ley y que los jueces administrativos, por remisión del Ministerio, en un procedimiento breve, puedan suspender o anular estos actos. Se trata entonces de buscar figuras de colaboración entre la administración y la justicia.
Por otro lado, considero urgente que la reforma precise el concepto de autonomía que hoy tienen estas corporaciones, pues a pesar de que no hay legislación alguna que les permita expedir normas, decretos u otros requisitos y exigencias, es común que éstas asuman con frecuencia tal potestad.
Se trata entonces de ponerle orden a un creciente desorden regulatorio y de inseguridad jurídica que limita la iniciativa privada, un terrible coctel entre prolífica regulación y politiquería, que en ocasiones se presta para la corrupción.
Para hacer frente a esto no se necesita de una costosa e incierta reforma constitucional. Basta con una ley de la República que fije el hoy abusado régimen de autonomía de las CAR y que le entregue herramientas al gobierno central para que, de la mano de los jueces administrativos, garantice que las decisiones de las CAR se ajusten al principio de legalidad.
@rodrigo_lara_
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