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La reforma tributaria tiene puntos técnicos complejos que deben ser abordados, por ejemplo el relativo a cómo estructurar el impuesto a las bebidas azucaradas para que cumpla sus propósitos de salud pública. Pero esas finuras técnicas no deben hacernos olvidar lo que está en juego, que es enorme: se trata de saber si Colombia logra la reforma estructural tributaria que necesita para avanzar hacia un país más justo.
En esta columna reitero esa necesidad, a riesgo de repetir lo que he afirmado en columnas previas, pues creo que la propuesta tributaria de Petro y Ocampo merece el apoyo de todos los ciudadanos que quieren una mejor Colombia, incluso si tienen reservas frente al actual Gobierno.
Un sistema tributario bueno se caracteriza por unos rasgos básicos: i) debe recolectar recursos suficientes que permitan al Estado cumplir sus funciones; ii) debe ser eficiente: el recaudo debe ser poco costoso y evitar la evasión; iii) debe ser sencillo para facilitar la actividad económica; iv) debe ser justo, tanto a nivel de equidad horizontal (paguen igual tributo quienes tengan igual capacidad de pago) como de progresividad (paguen mayores tarifas quienes sean más ricos).
Los países con sistemas tributarios que respetan esos principios tienen Estados robustos, desarrollos incluyentes y sociedades más igualitarias, como varios países europeos, especialmente los nórdicos. En Colombia, la Constitución incorpora esos principios tributarios, en especial en los artículos 95 y 363, que señalan que todos debemos contribuir a financiar los gastos del Estado con criterios de justicia y equidad, y que el sistema tributario debe ser eficiente, equitativo y progresivo.
Sin embargo, en realidad nuestro sistema tributario es pésimo: i) recolecta mucho menos dinero que países con igual nivel de desarrollo; ii) no es eficiente pues es enredadísimo, lleno de excepciones y de privilegios tributarios para algunos, lo cual dificulta el recaudo y facilita la evasión, que es altísima; iii) por esos mismos privilegios, no es equitativo ya que, por ejemplo, empresas con actividades semejantes pagan tarifas diversas simplemente porque una de ellas logró estar en una zona franca; iv) esos privilegios, además, distorsionan y obstaculizan la actividad económica; v) finalmente, tanto porque esos privilegios benefician sobre todo a los más ricos como por el peso excesivo del IVA, nuestro sistema no es progresivo. A nivel de impuesto a la renta, el 1 % de las personas más ricas de Colombia pagan tarifas efectivas iguales o menores a la clase media, como lo mostró la Comisión de Expertos Internacionales en Beneficios Tributarios del Gobierno Duque. Esto explica además que la desigualdad (medida, por ejemplo, por el coeficiente de Gini) no se reduzca nada después de impuestos y transferencias, mientras que en los países de la OCDE e incluso en varios latinoamericanos, como Brasil o Argentina, la reducción es muy significativa.
La reforma tributaria de Petro tiene como eje lograr mayor progresividad, eliminando o reduciendo los privilegios tributarios y adoptando nuevos tributos que recaen esencialmente sobre los más ricos, como el impuesto a patrimonios mayores de $3.000 millones o a pensiones de más de $10 millones. Esto simplificaría el sistema tributario, lo haría más justo e incrementaría el recaudo sin gravar a la clase media ni a los sectores populares. Pero algunos de los privilegiados se resisten y para obstaculizar la reforma inventan argumentos, como que gravar las altas pensiones es inconstitucional, como ha sostenido la procuradora. Por eso es importante apoyar la esencia de esta reforma, sin perjuicio de ajustar aquellos puntos que lo requieran.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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