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Antonio García, comandante del ELN, manifestó que el secuestro de Luis Manuel Díaz fue un “error” por haber privado de la libertad al padre de un futbolista tan querido por Colombia como Lucho Díaz. Pero añadió que, al cometerlo, esa guerrilla no violó ningún compromiso porque el ELN no ha aceptado acabar con el secuestro extorsivo (o “retenciones”, como las llaman) para financiar su rebelión.
García tiene razón en que ese secuestro fue un error y vaya de qué tamaño. Un verdadero autogol. Pero se equivoca al decir que fue sólo un “error” y que el ELN tiene derecho a continuar con sus “retenciones” mientras no se resuelva el tema de la financiación de sus tropas en el proceso de paz. Esas afirmaciones desconocen que los secuestros extorsivos son un crimen atroz y lesivo de la dignidad humana que viola el derecho internacional humanitario (DIH), que el ELN se comprometió a respetar en el acuerdo del cese al fuego. En efecto, el punto 1 del “Protocolo” de ese acuerdo explícitamente dice que las partes se comprometen a “no realizar las acciones prohibidas por el DIH, en particular las contenidas en el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra”.
El ELN ha sostenido que tiene derecho a la rebelión y que entonces puede recurrir a secuestros extorsivos para financiarla, por cuanto el DIH no prohíbe “retenciones” con fines económicos.
No voy a discutir a profundidad si el ELN tiene derecho a haberse alzado en armas y a persistir en la guerra. No lo creo, pues las posibles razones que hubieran podido legitimar su rebelión en los años 60 —que personalmente no creo que hayan existido nunca— en todo caso desaparecieron hace rato. Pero mi argumento es que, incluso si uno acepta, en gracia de discusión, que el ELN tiene derecho a la rebelión y a hacer la guerra contra el Estado colombiano (el ius ad bellum, dirían los juristas clásicos), no tiene, sin embargo, derecho a violar las leyes que regulan la guerra (el ius in bellum), que es el llamado DIH que establece los medios de combate legítimos y claramente prohíbe los secuestros extorsivos.
El ELN ha sostenido que esa prohibición no existe porque no hay ninguna norma del DIH que expresamente proscriba los secuestros. Pero esa tesis es inadmisible, como creo haberlo mostrado en detalle en dos textos de abril de 2017: una columna en este diario y un extenso artículo en La Silla Vacía. La esencia del tema es la siguiente: es cierto que la palabra “secuestro” no aparece en el DIH, lo cual se explica porque el secuestro es una categoría del derecho interno y no del derecho internacional. Sin embargo, el DIH prohíbe la “toma de rehenes” en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el 4 del Protocolo II. La toma de rehenes, según la Convención Internacional de 1979 o el Estatuto de la Corte Penal Internacional, es cuando un grupo armado se apodera de una persona y amenaza con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero a “una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén”: estas son exactamente las “retenciones” del ELN.
Los secuestros extorsivos del ELN violan el DIH y son un crimen de guerra. Además, su persistencia pone en grave riesgo este proceso de paz, que muchos apoyamos y que ha avanzado significativamente. Es entonces incomprensible que una guerrilla que dice que respeta el DIH, que lucha por los intereses del pueblo colombiano y que valora la participación popular persista en una práctica atroz que viola el DIH y toda Colombia rechaza. El ELN debe abandonar el secuestro y liberar a todos los secuestrados si realmente quiere una paz con apoyo popular. Esto no sólo debe ser una exigencia del Gobierno en la mesa sino que es un reclamo de toda Colombia.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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