Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Después de año y medio, por la trascendencia del tema, retomo mi crítica a la exigencia de Colombia de que Cuba entregue a los negociadores del Eln estacionados en ese país.
En enero de 2019, luego del atroz atentado del Eln contra los cadetes de la policía, Duque no solo rompió negociaciones con esa guerrilla sino que le exigió a Cuba extraditar a sus negociadores. Cuba se negó con el argumento de que el gobierno Santos había firmado un protocolo ante los países garantes, según el cual, en caso de ruptura del proceso de paz, habría que permitir a los negociadores el Eln retornar a Colombia. Y luego el Estado colombiano podría, obviamente, combatirlos. Noruega, que también es país garante, apoyó la decisión de Cuba, pues consideró que ese tipo de protocolos deben ser cumplidos.
Duque insistió en la extradición con dos argumentos esenciales: que el protocolo no lo vinculaba, pues había sido firmado por el gobierno Santos, y que Cuba no podía albergar terroristas, conforme a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. En su momento, en una columna en este periódico y en un blog en La Silla Vacía, condené el atentado del Eln y mostré que esos argumentos carecen de sustento: el protocolo, aunque no sea un tratado y hubiera sido firmado por el gobierno Santos, compromete a todo el Estado colombiano ante Cuba y Noruega y por eso debe ser cumplido de buena fe. Y los negociadores del Eln no están en Cuba porque ese país los quiera proteger, sino porque el Estado colombiano le había pedido a Cuba que albergara las negociaciones con esa guerrilla.
Duque puede hoy sentir que Trump fortalece su exigencia al incluir, en mayo de este año, a Cuba en la lista de países que no colaboran en la lucha antiterrorista, precisamente por la permanencia de los negociadores del Eln en la isla. Pero ese apoyo de Trump es, por decir lo menos, contradictorio, pues ese país no se comporta igual cuando sus intereses están en juego.
Trump negoció en estos años con los talibanes, que han cometido incontables actos terroristas. Varias rondas fueron realizadas en Catar, que entonces albergó a líderes talibanes. Incluso, por petición de Estados Unidos, los talibanes tienen en Doha una especie de oficina política desde 2013. En septiembre 2019, luego de un atentado talibán, Trump rompió conversaciones, pero nunca exigió a Catar la entrega de los negociadores talibanes, pues sabía que no solo imposibilitaría la paz con ese grupo, sino que le restaría credibilidad en cualquier otro proceso de paz en el mundo. Y es que sin garantías a los negociadores, como las del protocolo firmado por Colombia con Noruega y Cuba, ningún proceso de paz es posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz.
Las negociaciones se reanudaron y a fines de febrero de 2020, el gobierno Trump firmó en Catar un acuerdo de paz con los talibanes. Entonces, para Trump es legítimo no solo que Catar albergue a los talibanes, sino que Estados Unidos firme la paz directamente con ese grupo, a pesar de que ha estado por años en su lista de terroristas… En cambio acusa a Cuba de albergar terroristas. El doble estándar es evidente.
El gobierno Duque debería reconocer que su exigencia a Cuba de que extradite a los negociadores del Eln no solo viola compromisos internacionales de Colombia, sino que es políticamente inconveniente: no solo imposibilita que haya países garantes en cualquier proceso de paz en el futuro, sino que mina la credibilidad internacional de Colombia. Si incumplimos la palabra en un tema crucial como la paz, es lógico que otros países piensen que somos un Estado poco confiable. Ojalá el gobierno Duque reconsidere su posición.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Conoce más