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Durante años varios analistas hemos propuesto que la Procuraduría sea suprimida o, al menos, achicada, por cuanto duplica las funciones de otras instituciones: por ejemplo, la promoción de derechos humanos es también labor de la Defensoría. Esa duplicación enreda el funcionamiento del Estado y tiene un costo muy alto. El presupuesto de la Procuraduría para 2025 fue de aproximadamente un billón y medio de pesos; el de la Universidad Nacional es de unos dos billones.
La Procuraduría debería entonces ser reducida para que se concentre en las pocas funciones en que puede tener impacto; los empleados de carrera, cuyos cargos sean eliminados, podrían ser traslados a donde sirvan mejor al país. Los procuradores judiciales, por ejemplo, serían más valiosos como jueces o fiscales.
En contravía con esa visión, la anterior procuradora (Cabello) y el actual (Eljach) han agrandado la institución y han generado nuevas duplicaciones. Cabello amplió la planta y creó jueces dentro de la entidad, supuestamente para cumplir una sentencia de la Corte Interamericana. Absurdo, costoso e inconstitucional. Eljach no quiere quedarse atrás y propuso que el Congreso le apruebe la creación de la “Universidad del Ministerio Público”.
Como lo mostró un documentado artículo de La Silla Vacía, el proyecto ha andado a mil por las influencias del Procurador en el Congreso y por los temores de los congresistas a sus funciones disciplinarias. Entra a último debate el martes y ojalá sea negado pues es una propuesta contradictoria, costosa y muy probablemente inconstitucional.
Las universidades genuinas deben tener autonomía para definir sus programas y sus líneas de investigación; además, si son públicas, deben asegurar el acceso igualitario de los estudiantes. No pueden estar entonces al servicio de una institución, que le diga qué programas debe realizar y cuáles estudiantes debe recibir, que es lo que plantea el proyecto que dice que sus programas e investigaciones se basarán en las “demandas del Ministerio Público”. Por eso, en las democracias serias, las instituciones estatales tienen centros de formación para sus empleados, como las prestigiosas escuelas judiciales en Francia, Italia o España, pero nunca universidades. Con razón, esos países consideran que es contradictorio con la esencia de una universidad, por desconocer su autonomía, que esté al servicio de un poder del Estado.
Esta propuesta es además irresponsable pues será una institución costosa en este período de restricciones fiscales. El procurador, según La Silla Vacía, pidió 600.000 millones más para poner en marcha esta universidad. Sin embargo, el proyecto no incluye ninguna evaluación del impacto fiscal. Además, la universidad sería creada sin el estudio de factibilidad económica y académica que, según la Ley 30, debería preceder la creación de una universidad pública y que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación y por el Consejo de Educación Superior. El proyecto establece que la creación de la universidad de la Procuraduría no debe cumplir con ese requisito.
El proyecto tiene además otras perlas que indican que Eljach busca es mayor poder burocrático. Eljach nombrará al primer rector y a todos los integrantes del primer consejo superior, que definirá la planta, los estatutos y los manuales de funciones. Esta no es entonces la Universidad del Ministerio Público, que ya es malo, sino la de Gregorio Eljach.
El afán derrochador de Eljach no se queda ahí: el martes podría aprobarse otra ley que propuso para celebrar el bicentenario de la Procuraduría y que cuesta unos 200.000 millones. Su argumento: que ésta fue creada en 1830, por lo cual está a punto de cumplir 200 años. Y es cierto que la Procuraduría fue creada en ese año, pero Eljach desconoce que esa institución dejó de existir entre 1832 y 1857, como lo explica un documento en la pagina web… de la propia Procuraduría. Aún falta bastantico para el bicentenario.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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