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En la columna pasada sostuve que para avanzar en la paz debemos poner en marcha una doble estrategia. De un lado, debemos luchar, en asocio con otros países, por acabar la prohibición puesto que este marco global para enfrentar el abuso de las drogas es equivocado e injusto. Colombia debe buscar “alternativas a la prohibición”. Pero en el corto plazo la prohibición internacional de la cocaína se va a mantener y Colombia no puede cambiarla unilateralmente. Tampoco podemos esperar a que ésta algún día sea abandonada. Por eso, de otro lado, es necesario buscar también “alternativas en la prohibición”.
La idea esencial de esta segunda estrategia consiste en buscar reducir los peores impactos del narcotráfico en términos de violencia y corrupción, pero teniendo claras dos cosas: i) que la prohibición no resuelve, sino que agrava los problemas de abuso de drogas, por lo que al luchar frente al narcotráfico no estamos en una cruzada contra las drogas sino enfrentando nuestros problemas de seguridad, y ii) que no es realista pensar en una reducción del tamaño del narcotráfico pues la experiencia de más de 40 años ha demostrado que la prohibición no logra limitar la oferta ni el tráfico de las sustancias prohibidas.
Esta estrategia puede parecer cínica pues acata una política que critica como perjudicial e injusta, que es la prohibición; pero en realidad es un pragmatismo trágico: aceptamos, al menos temporalmente, ese régimen prohibicionista por cuanto no lo podemos cambiar unilateralmente, pero evitamos hacer de esa necesidad una virtud. Estas “alternativas en la prohibición” son por ello un esfuerzo por llevar al campo de la producción y el tráfico la perspectiva de “reducción del daño” que se usa frente al consumo. Esas estrategias no buscan a toda costa reducir el consumo sino sus daños, por ejemplo, repartiendo jeringas para evitar contagios por VIH. Una visión semejante frente al tráfico no buscaría a toda costa reducir el tamaño del narcotráfico sino minimizar sus daños.
El narcotráfico, por ser una economía criminal de enorme rentabilidad, siempre implica riesgos de violencia. Sin embargo, los niveles de violencia asociados al narcotráfico varían mucho, sin que esto dependa únicamente del tamaño de dicho mercado ilícito, como bien lo destacó una columna reciente de Gustavo Duncan. Unos mismos niveles de narcotráfico y cultivos ilícitos pueden generar violencias de muy diversa gravedad. Por ejemplo, Bolivia nunca ha sufrido una violencia tan intensa como la nuestra, incluso en los momentos en que ese país tuvo cultivos ilícitos y tamaños del narcotráfico semejantes a Colombia en relación a su economía. Algunos asocian esa diferencia a la preexistencia del conflicto armado en Colombia y a que Bolivia hizo en los sesentas una reforma agraria profunda que Colombia no ha hecho.
Al menos dos variables podrían explicar esas diferencias de la intensidad de la violencia ligada al narcotráfico: i) los contextos sociopolíticos, como lo sugiere la comparación entre Colombia y Bolivia, y el ii) el tipo de respuesta estatal al narcotráfico. En efecto, existe evidencia clara de que, al menos a nivel local, logran mejores resultados las estrategias policiales y judiciales de “disuasión focalizada” y “acción selectiva” que buscan explícitamente reducir la violencia del mercado de drogas, en vez de intentar a toda costa suprimir o limitar el tamaño de dicho mercado, como lo mostró el llamado “milagro de Boston”, que logró, a mediados de los noventa, reducir drásticamente los homicidios en esa ciudad ascoiados al microtráfico. Por su importancia, tocaré estas estrategias de “acción selectiva” en próximas columnas.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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