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Excelente que Petro en la ONU se fuera lanza en ristre contra la guerra a las drogas y mostrara no sólo que esta ha fracasado y debe terminar sino que, además, sus costos más terribles han recaído sobre nuestros países y sobre las poblaciones discriminadas del norte global.
Este enfoque no sólo contrasta con el servilismo en este tema de los presidentes anteriores —con la excepción de Santos— sino que, además, es acertado. Y podría permitir que Petro lidere una lucha por modificar el régimen internacional de drogas para hacerlo más humano y racional.
Infortunadamente, los excesos retóricos de Petro y su afán de establecer ciertas metáforas, como asimilar la dependencia del petróleo y la adicción a las drogas, lo llevaron a tres imprecisiones. Ojalá estos equívocos sean corregidos para que el Gobierno tenga una visión más lúcida en este tema trascendental.
Primero, el ataque de Petro fue contra la guerra a las drogas pero no contra el prohibicionismo, que no son lo mismo: la guerra a las drogas es la versión extrema del prohibicionismo, que implica penas exorbitantes y el empleo de fumigaciones y duras operaciones policiales y militares contra narcos, consumidores y cultivos ilícitos, como durante los tres gobiernos de los Bush, padre e hijo. Sin embargo, hay gobiernos que no recurren a la guerra a las drogas e incluso la rechazan, como el de Obama o muchos Estados europeos, pero que defienden y mantienen la prohibición, esto es, el régimen internacional que prohíbe el mercado recreativo adulto de sustancias sicoactivas, entre esas la marihuana o la cocaína.
Ahora bien, es la prohibición la que ha generado el narcotráfico, con sus secuelas de mafias, violencia y corrupción. Es la prohibición la que ha llevado a millones de personas a las cárceles. Es la prohibición la que, en nombre de la salud, ha terminado agravando los problemas de salud asociados al consumo de estas sustancias, al marginar a los usuarios e impedir el control de los mercados. Por eso, aunque sea preferible un prohibicionismo más razonable, similar al de Obama, que la guerra a las drogas de los Bush, lo que debemos combatir es la prohibición, a fin de transitar a regímenes de regulación, que no mercado libre, de esas sustancias.
Segundo, Petro únicamente habló de adictos a las drogas y no de consumidores en general, con lo cual ignoró que la mayoría de quienes consumen estas sustancias son usuarios que no se hacen daño a sí mismos ni a nadie. Paradójicamente, ese lenguaje de Petro reproduce el utilizado por los cruzados de la guerra a las drogas, pues considera que todo usuario es un adicto y que todo consumo es problemático. Esta asimilación es no sólo equivocada sino que evita mejores políticas frente al consumo, que deben estar fundadas en evidencia, la protección de los derechos humanos y criterios de salud pública.
Tercero, Petro tuvo razón en centrarse en las responsabilidades del norte global en el desencadenamiento de este desastre que es la prohibición y la guerra a las drogas. Pero al hacerlo tendió a minimizar nuestras propias responsabilidades nacionales frente al narcotráfico y la implementación de estrategias prohibicionistas, incluso extremas, como fumigaciones y persecución de consumidores y cultivadores. Este punto es clave, ya que incluso dentro del prohibicionismo, que infortunadamente no va a terminar en el corto plazo, es posible lograr distintas políticas. Por eso, mientras seguimos luchando por “alternativas a la prohibición” a nivel internacional, debemos igualmente pensar en las mejores “alternativas en el marco de la prohibición” a nivel interno, como lo sostuve en un texto académico en Análisis Político, cuyo contenido resumí en un reciente artículo en Periódico UNAL.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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