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El COVID-19 implica dilema éticos difíciles en un contexto de gran incertidumbre. Los dilemas son reales, pues ciertas medidas útiles para prevenir contagios, como la cuarentena, afectan intensamente las libertades y tienen consecuencias económicas negativas, en especial sobre poblaciones vulnerables. Y esas decisiones deben tomarse cuando aún hay incertidumbre sobre hechos claves, como la letalidad del COVID-19 o cuándo habrá una vacuna.
Debemos reconocer esa complejidad para tener una mejor discusión pública sobre el tema, que ayude a su vez a crear mejores políticas públicas. Propongo cuatro principios.
Primero, humildad: reconozcamos nuestra ignorancia sobre temas científicos esenciales, informémonos y corrijamos rápidamente nuestros errores, que pueden ser frecuentes, ya que estamos en terrenos nuevos y la información científica es difícil y cambiante. Y reconozcamos la complejidad de los dilemas que enfrentamos.
Segundo, requerimos igualmente audacia intelectual por la misma razón que es imprescindible la humildad. Estamos en terrenos nuevos, que hacen probable que cometamos errores, pero que igualmente exigen nuevos planteamientos, pues nuestros esquemas usuales ya no funcionan bien.
¿Cómo combinar humildad y audacia intelectuales, si parecen virtudes opuestas? Con un tercer principio: apertura al diálogo genuino sin estigmatizar a los oponentes. Quienes se preocupan por los impactos negativos de las cuarentenas sobre la economía o las libertades no deberían ser descalificados como insensibles a la salud y a la vida. Quienes defendemos la continuidad de la cuarentena por más tiempo no deberíamos ser atacados como autoritarios o insensibles al incremento de la miseria. Es posible que aunque compartamos valores esenciales, como la defensa de las libertades, la vida digna y la salud, tengamos temores distintos o informaciones diversas. Un diálogo público genuino, intercambiando información y argumentos, en vez de insultos, podría acercar posiciones y permitir consensos.
Cuarto, exijamos transparencia en estas discusiones, especialmente de los gobiernos. Es clave que las autoridades tomen en cuenta la mejor evidencia científica disponible y hagan explícitos los fundamentos de sus medidas. Y que estén abiertas al diálogo sin dejar de tomar las decisiones difíciles.
Aplico esos principios al debate suscitado por la medida del Gobierno de abrir los sectores de la construcción y la manufactura.
El propósito de la medida de proteger ingresos de los obreros es comprensible y válido, pero la medida me parece equivocada al menos por tres razones. Primero, faltó transparencia, pues no sabemos la evidencia que la sustenta. Por ejemplo, no es claro que la curva de contagio se haya aplanado para flexibilizar la cuarentena, ni que haya suficientes protecciones de bioseguridad en estos sectores. La situación sanitaria general podría empeorar gravemente y podríamos estar imponiendo riesgos desproporcionados a los trabajadores. Segundo, faltó audacia, pues el Gobierno prefirió abrir estos sectores, en vez de explorar medidas redistributivas fuertes, que permitan prolongar la cuarentena sin incrementar la pobreza; por ejemplo, con un ingreso solidario mucho más robusto para los sectores vulnerables, financiado con un impuesto a los altos patrimonios, según han propuesto economistas como Garay y Espitia. Tercero, faltó diálogo, pues el presidente no se esforzó en concertar la medida con las autoridades locales.
¿Seremos capaces de lograr un diálogo social saludable sobre COVID-19? El presidente y la alcaldesa de Bogotá podrían darnos un ejemplo, concertando sus políticas y justificándolas de forma transparente ante la sociedad.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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