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El enfrentamiento actual entre el Congreso y el presidente, que ha llevado a Petro a plantear una consulta popular, es una nueva prueba de los problemas del presidencialismo para lograr una democracia profunda, estable y eficaz.
En un régimen parlamentario, ese conflicto tiene una salida institucional: el primer ministro, al haber perdido la confianza del Parlamento, debe renunciar o ajustar sus políticas y recomponer su gabinete y coalición para recuperar el apoyo parlamentario. Pero el primer ministro tiene también mecanismos para reaccionar: si considera que tiene razón, entonces puede adelantar las elecciones para que la ciudadanía arbitre la crisis y decida a quién apoya en ese enfrentamiento.
Estos dispositivos confieren al parlamentarismo flexibilidad para evitar que los conflictos entre ejecutivo y legislativo lleven a una ruptura constitucional. En el presidencialismo, como lo explico en un artículo reciente en el proyecto “Imaginar la Democracia” de la revista Cambio, la cosa es a otro precio porque el presidente y el Congreso tienen períodos fijos y en general no pueden adelantarse elecciones. Además, cada uno de ellos siente que es la voz del pueblo ambos pues fueron electos directamente por la ciudadanía.
Un enfrentamiento agudo entre el ejecutivo y el legislativo en el presidencialismo opone a dos poderes que invocan al mismo tiempo su legitimidad democrática, sin que la ciudadanía pueda arbitrar la crisis, lo cual lleva a callejones sin salida. Puede ocurrir un bloqueo institucional que impida que haya un gobierno eficaz. El presidente puede abusar de sus poderes de excepción, a fin de gobernar por decreto sin recurrir al Congreso. En casos aún más graves, el presidente puede romper el orden constitucional y cerrar el Congreso, como lo hicieron Fujimori en el Perú o Mariano Ospina Pérez en 1949 en Colombia. O el Congreso puede abusar del juicio político y llevar a cabo destituciones irregulares de los presidentes, como les gusta a los peruanos.
El presidencialismo clásico no cuenta entonces con mecanismos flexibles para encontrar salidas a esos enfrentamientos, por lo cual algunas constituciones recientes de América Latina, conscientes de esa debilidad, han ideado algunos mecanismos para superar las crisis: la revocatoria del presidente por la ciudadanía en la Constitución venezolana de 2009, una cierta posibilidad de adelantar elecciones legislativas en el Perú, o la llamada “muerte cruzada” en Ecuador, en que el presidente puede disolver el Congreso pero igualmente cesa en sus funciones y se adelantan las elecciones. Sin embargo, ninguno de esos dispositivos ha funcionado bien.
En Colombia, un mecanismo en esa dirección es la consulta popular, como la plantea el presidente Petro, que puede ser usada, como lo dijo la Corte en la sentencia C-150 de 2015, para que el pueblo dirima posibles discrepancias entre el Congreso y el gobierno. La consulta popular podría entonces operar como una especie de sustituto del parlamentarismo para superar los enfrentamientos entre los poderes legislativo y ejecutivo, pues la ciudadanía interviene para zanjar el asunto. Pero este mecanismo es imperfecto por cuanto sólo opera eficazmente cuando el enfrentamiento entre estos poderes es sobre unos pocos puntos específicos, que pueden ser dirimidos en la consulta. Pero no sirve cuando existe, como ocurre hoy en Colombia, una tensión global entre el presidente y el Congreso, debido a que la consulta popular no es una elección para recomponer esos poderes, que probablemente seguirán enfrentados y con una polarización creciente, hasta la siguiente elección en 2026.
Esta coyuntura muestra nuevamente los defectos del presidencialismo. Ojalá superemos algún día nuestra adhesión atávica a esta forma de gobierno y discutamos realmente la posibilidad de transitar a regímenes parlamentarios o semiparlamentarios.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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