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En mi última columna y en un blog en La Silla Vacía condené el atroz atentado del Eln, pero critiqué la petición del Gobierno a Cuba de que entregue a los negociadores, pues viola el protocolo previsto para una eventual ruptura del proceso de paz. Vuelvo al tema porque el Gobierno insiste en la tesis y el problema es serio.
La esencia de mi argumento es que el protocolo, a pesar de no ser un tratado y haber sido firmado por el gobierno Santos, obliga al gobierno Duque por ser un acto internacional de Colombia frente a los Estados garantes, por lo cual gobiernos posteriores deben cumplirlo de buena fe o deben modificar expresamente ese compromiso. Y que además esos protocolos no son una invención perversa del gobierno Santos, sino que son una práctica usual y necesaria en cualquier proceso de paz. ¿Qué grupo insurgente aceptaría negociar si el Estado puede romper unilateralmente el proceso y capturar al negociador? Es más: si un Estado ofrece garantías a su enemigo para negociar y luego las desconoce para capturar o matar a los negociadores incurre en una grave violación al derecho internacional humanitario, que es la perfidia, uno de cuyos ejemplos clásicos es cuando una parte simula la intención de negociar para matar o capturar al enemigo.
Hoy Estados Unidos negocia en Catar con los talibanes, que han cometido atentados tan terribles como los del Eln y son calificados de terroristas por muchos países. Pero seguro está previsto que si la conversación fracasa, los negociadores talibanes podrán volver sanos y salvos a Afganistán, porque sin esa garantía nunca habrían acudido a Catar. Y si Estados Unidos rompe la negociación por un ataque terrorista de los talibanes, no exigirá a Catar entregarle a los negociadores, pues perdería toda credibilidad internacional.
Por eso, con toda razón, este viernes el ministro alemán Roth afirmó que el incumplimiento del protocolo sería un precedente inaceptable no solo para Colombia, sino para cualquier proceso de paz en el mundo, ya que deben existir reglas fiables si la negociación fracasa.
Es entonces insostenible la tesis del Gobierno y los columnistas que le son cercanos de que el protocolo es inválido por violar normas superiores, como la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, por una sencilla razón: el protocolo no viola esa resolución, porque esta señala que los Estados no deben dar refugio a los terroristas, pero no impide que un Estado sea temporalmente sede y garante de negociaciones, incluso con un grupo calificado de terrorista, precisamente como lo hace Catar frente a la negociación entre Estados Unidos y los talibanes.
Tampoco es válida la tesis de que el protocolo ampara el terrorismo, pues impediría sancionar a los responsables del atentado en la Escuela General Santander puesto que, cumplido el protocolo, el Estado no solo puede, sino que debe, sancionar a los responsables de ese atroz crimen. Lo que no puede es hacer trampa e incumplir el protocolo para capturarlos en Cuba porque no pudo capturarlos en Colombia.
Este Gobierno dice que promueve una cultura de la legalidad, que es un propósito loable que comparto. Pero para ser creíble debe comenzar por respetar su propia legalidad, incluso frente a quienes la violan, como el Eln. Y por ello debe respetar el protocolo, sin que pueda alegar que no tiene que cumplirlo porque el Eln lo rompió con el atentado, dado que precisamente el protocolo existía para cualquier terminación de la negociación. Y si Duque duda de que no puede cumplir el protocolo por ser incompatible con sus obligaciones frente al terrorismo, ¿por qué no hace una consulta al Consejo de Estado sobre el tema en vez de mantener una tesis jurídicamente tan débil?
*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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