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En los próximos días debería realizarse el cuarto de los ocho debates del acto legislativo que busca reformar el artículo 49 de la Constitución, a fin de permitir un mercado estrictamente regulado de cannabis para uso adulto.
Esta iniciativa hoy es posible porque, dada la legalización de la marihuana para uso adulto en varios lugares de Estados Unidos y en otros países, como Canadá o Uruguay, Colombia tiene autonomía para tomar una decisión en esa dirección, que tal vez no era posible hace algunos años.
Esta propuesta es también oportuna: hoy no tiene sentido mantener la ilegalidad del cannabis para uso adulto pues sabemos que los riesgos de esta sustancia son mucho menores de lo que se decía y pensaba antaño, cuando se la sometió, con más prejuicios que evidencia científica, a un régimen de prohibición estricta que, sin embargo, no redujo ni la oferta ni el consumo de esta sustancia. Un artículo publicado en la prestigiosa revista Lancet, de David Nutt del Imperial College en Londres, clasificó el riesgo de las sustancias sicoactivas y el cannabis quedó muy por debajo de drogas legales como el alcohol o el tabaco. Y es que el cannabis no genera dependencia física ni muertes por sobredosis, al contrario de los opiáceos. Tampoco provoca comportamientos violentos, como el alcohol o el bazuco.
La propuesta es prudente pues reconoce que la marihuana tampoco es inocua: tiene riesgos, especialmente en adolescentes. Por eso, con criterios de salud pública, el proyecto no pretende un mercado libre y desregulado del cannabis, como existía antes para el tabaco y que tanto estrago ocasionó, sino que busca un mercado para adultos que esté estrictamente regulado. La idea no es estimular el consumo de marihuana, por lo cual la publicidad debería estar prohibida, sino permitir un suministro legal que le arrebate a las mafias este negocio lucrativo, reconozca la autonomía de los usuarios adultos y evite que estos terminen detenidos o acosados por la policía y tengan que aprovisionarse en un mercado ilícito, como lo hacen hoy, con riesgos para su salud y seguridad.
La propuesta tiene además otros beneficios sociales: los actuales cultivadores de cannabis, que hoy son ilegales y llegaron ahí por su situación de marginalidad, podrían transitar a una economía legal; las autoridades policiales y judiciales dejarían de gastar inútilmente recursos y esfuerzos en reprimir la marihuana y podrían concentrarse en perseguir crímenes graves.
A pesar de esos beneficios, algunos han criticado esta reforma con el argumento de que esta propuesta tiene enormes riesgos: que el mercado legal de cannabis “crea más violencia, crece el consumo de la marihuana y otras drogas ilegales y la tragedia humana”, como lo expresó el expresidente Uribe en un video colgado en redes el pasado 20 de junio. Pero Uribe no mostró ninguna evidencia de su afirmación y no creo que la tenga, pues los estudios que se han hecho llegan a otras conclusiones. Por ejemplo, la profesora Angela Dills, de la Universidad de Western California (“The Effect of State Marijuana Legalizations: 2021 Update”), evaluó los impactos de la legalización de la marihuana para uso adulto en varios estados de los Estados Unidos, como Colorado, Washington o California y concluyó que esta no provocó ningún incremento significativo del consumo de marihuana ni de otras drogas, ni tampoco de la violencia, ni del crimen, ni de la economía ilegal; y, en cambio, trajo incrementos significativos de los ingresos fiscales de esos Estados.
Ojalá el Congreso debata, sin prejuicios y con evidencia, este proyecto que es una iniciativa valiosa y bien orientada para lograr una mejor política frente a las sustancias sicoactivas en general y frente al cannabis en particular.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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