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Una reforma institucional puede estar bien orientada pero fracasar porque algunos detalles no son adecuadamente resueltos. Al fin y al cabo, como dice un proverbio de origen alemán: “el diablo está en los detalles”.
Con ese espíritu, retomo la discusión que abordé en mi última columna sobre la propuesta de Petro de suprimir la Procuraduría. En esa columna concluí que es una idea que está bien orientada, pues esa institución es redundante ya que repite funciones de otras entidades. Además, su competencia de destituir a casi cualquier servidor público se presta a arbitrariedades y desconoce, frente a funcionarios electos, la Convención Americana. Sin embargo, señalé que la supresión de la Procuraduría tenía también dos riesgos: i) que la Corte Constitucional anulara esa supresión por considerar que sustituye algún pilar de la Constitución, o ii) que quedáramos con una Fiscalía excesivamente poderosa.
Unas conversaciones públicas esta semana sobre este tema con varios colegas (Jorge Iván Cuervo, José Gregorio Hernández, Douglas Lorduy y Héctor Riveros) me han permitido afinar un poco los detalles de una propuesta alternativa. La idea no es entonces suprimir la Procuraduría sino reestructurarla profundamente, con el fin de evitar la redundancia de sus funciones y los riesgos de su facultad disciplinaria sin controles judiciales adecuados. Esto puede ser realizado con las siguientes cinco reformas.
Primero, debe transferirse totalmente a la Defensoría del Pueblo la función de la Procuraduría de velar por los derechos humanos y prevenir sus violaciones. La duplicidad de funciones es evidente y esta competencia es más propia de la Defensoría.
Segundo, la intervención de la Procuraduría en procesos judiciales puede ser mantenida pero reorganizada. Se elimina en el ámbito penal por cuanto es redundante por la presencia de la Fiscalía. Pero puede mantenerse en procesos, como los agrarios o los laborales, con un equipo reducido que realice una intervención realmente estratégica en defensa del interés público. La mayor parte de los actuales procuradores judiciales pueden entonces ser trasladados a la rama judicial ya que fueron seleccionados por concurso y tienen formación similar a los jueces.
Tercero, en materia disciplinaria, la idea es aprovechar el saber acumulado de la Procuraduría pero reorientarlo estratégicamente: esta sólo intervendrá frente a faltas graves y gravísimas de los funcionarios de cierta jerarquía de las distintas entidades, pues frente a ellos el control interno puede no funcionar apropiadamente. En el resto de los casos operarían las oficinas de control interno, que obviamente serían fortalecidas.
Cuarto, para evitar los riesgos de esa función disciplinaria de la Procuraduría y hacerla compatible con la Convención Americana conviene retomar la propuesta de Jorge Iván Cuervo: la Procuraduría investiga pero no impone las sanciones sino que presenta el caso ante un juez penal, quien es quien decide si hay o no lugar a destitución e inhabilidad.
Finalmente, debemos evitar el riesgo mencionada por Yesid Reyes en su última columna de que haya investigaciones disciplinarias y penales paralelas de la Procuraduría y la Fiscalía por un mismo hecho. Puede entonces pensarse en atribuir a la Procuraduría la acción penal frente a servidores públicos por aquellos delitos relacionados con sus funciones, mientras que la Fiscalía mantiene la acción penal en el resto de casos, con lo cual, además, evitamos una Fiscalía excesivamente poderosa.
Tengo claro que estas ideas requieren detalle y discusión, pero este rediseño profundo de la Procuraduría podría lograr los propósitos buscados con su supresión pero evitando los riesgos de dicha propuesta.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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