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En lógica existe la llamada “reductio ad absurdum”. Uno asume una tesis y si esta conduce a conclusiones absurdas, entonces uno concluye que la tesis es errónea e inaceptable. Propongo, por el pésimo desempeño de Francisco Barbosa como fiscal general (FG), una suerte de “reductio ad barbosam”: si tenemos un sistema de elección que pueda conducir a la escogencia como FG de una persona como Barbosa, con sus problemas de ineficiencia, falta de independencia, arrogancia y utilización política del cargo, deberíamos considerar erróneo e inaceptable ese sistema.
Un punto decisivo en este aspecto es que la Constitución optó por un FG que hace parte de la Rama Judicial, para que sea independiente y así pueda investigar los eventuales atropellos del Gobierno y no sea un instrumento gubernamental de persecución. El FG colombiano es entonces muy distinto a los de otros países, como Estados Unidos, en que su equivalente, el Attorney General, hace parte del Gobierno y depende del presidente.
Nuestro FG debe entonces actuar con imparcialidad y con independencia frente al presidente, sin perjuicio de la colaboración necesaria que debe existir entre ambos poderes. Exactamente lo que no hizo Barbosa por cuanto fue el escudero de Duque y ahora se ha convertido en opositor de Petro. Y eso no es ser independiente ni imparcial.
El problema es que el actual mecanismo de selección infortunadamente no favorece la independencia del FG por cuanto es escogido por la Corte Suprema, pero de una terna presentada por el presidente. Existe entonces la tentación del presidente de ternar solo amigos, como lo hizo Duque con Barbosa.
Conforme a la “reductio ad barbosam”, deberíamos entonces abandonar dicho sistema. Por eso tiene sentido la recomendación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de modificar esta forma de nombramiento. Sin embargo, el lío es que no solo no existe aún consenso sobre cuál sería la nueva fórmula, sino que, además, incluso si existiera dicho consenso, la modificación requiere reforma constitucional, que toma al menos un año. No hay nada que hacer: nuestra próxima fiscal (pues sería bueno que fuera mujer) será escogida con el actual sistema.
¿Cómo reducir entonces los riesgos de este sistema y, en especial, evitar que Petro siga la práctica previa y haga una terna de amigos?
Varias organizaciones internacionales expertas en el tema han elaborado propuestas de qué perfil debería tener un FG y cómo debería ser su proceso de nominación para garantizar transparencia y legitimidad. Por ejemplo, la Fundación del Debido Proceso Legal (DPLF, por su sigla en inglés), basándose en buenas prácticas y estándares internacionales, propuso lineamientos para la selección de FG en países como el nuestro, que incluyen principios sobre el proceso (transparencia, posibilidades ciudadanas de cuestionar nombres, etc.) y cualidades que debería tener un buen FG (reconocida probidad, independencia e imparcialidad, ausencia de vínculos a partidos y grupos de poder, su conocimiento técnico del sistema penal, etc.).
Todos esos lineamientos podrían ser aplicados por Petro. Bastaría un decreto que señalara las cualidades, fuera de los requisitos constitucionales, que espera del nuevo FG; que invitara a que los candidatos inscribieran sus hojas de vida, para que pudiera haber evaluaciones críticas de la ciudadanía y de la prensa, y que luego previera un proceso lo más transparente posible de selección. Santos avanzó en esa dirección con el Decreto 50 de 2016, pero este era aún insuficiente y fue derogado por Duque con argumentos muy pobres. El presidente Petro, quien fue electo para renovar las costumbres políticas, tiene entonces la oportunidad de dar ejemplo con la elaboración transparente de una terna inobjetable para FG.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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