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Se dice que Federico el Grande, rey de Prusia (1740-1786), quería deshacerse de un molino vecino a su palacio en Potsdam y buscó comprarlo, pero el molinero se negó. El rey le advirtió que podía quitárselo a la fuerza, a lo cual el molinero respondió: “No es así, señor”, y añadió: “Todavía hay jueces en Berlín”. El molinero acudió entonces a la justicia, que lo protegió y le permitió conservar su molino, que aún hoy puede verse en Potsdam.
Esta historia es una leyenda pero, como muchas leyendas, expresa una verdad profunda: que una justicia independiente e imparcial es una de las mejores garantías para controlar los atropellos de los poderosos y defender nuestros derechos.
Evoco esta bella leyenda porque esta semana ocurrieron tres hechos que muestran que todavía hay jueces en Colombia.
El primer ejemplo es la decisión de la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Ortiz, que negó la petición de la Fiscalía, apoyada por la Procuraduría, de terminar el proceso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Esta decisión es valiente porque no es fácil para una jueza solitaria enfrentarse a un hombre tan poderoso como Uribe, apoyado no sólo por la Fiscalía y la Procuraduría sino también por el presidente Duque, quien ha defendido su inocencia. Es además una decisión sólida, pues la jueza destrozó los argumentos de la petición de preclusión de la Fiscalía, mostrando que la Corte Suprema había recolectado pruebas suficientes para llevar a Uribe a juicio.
El segundo ejemplo es la audiencia realizada por la JEP en Ocaña sobre los llamados “falsos positivos” en Catatumbo, en la cual un civil y 10 militares, incluidos coroneles y un general, reconocieron en forma pública y frente a los familiares de las víctimas su responsabilidad en el asesinato de unos 120 jóvenes inocentes, que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Los testimonios de los victimarios son escalofriantes y muestran los extremos de nuestra guerra. De esta forma, la JEP avanza no sólo en el esclarecimiento judicial de las peores atrocidades de nuestro conflicto armado sino también en su reconocimiento público, dejando claro que podemos lograr una paz con justicia.
El tercer ejemplo es la audiencia realizada por la Corte Constitucional para evaluar si debe o no decretarse un estado de cosas inconstitucional por la violencia contra líderes sociales, como lo solicitan varias tutelas, incluida una en que participa Dejusticia. Las distintas intervenciones documentaron la gravedad de esta terrible violencia, sus severos impactos y la ineficacia de las políticas del Gobierno, que se niega a aplicar las herramientas previstas por el Acuerdo de Paz para prevenir y sancionar estos crímenes. Las agudas preguntas de las magistradas y los magistrados frente a las precarias explicaciones de los funcionarios del Gobierno indican que muy probablemente la Corte tomará próximamente una decisión robusta para amparar los derechos de líderes y lideresas sociales, incluido su derecho a defender derechos.
Estos casos muestran que, a pesar del grave deterioro del Estado de derecho ocurrido durante el gobierno Duque, podemos decir con algo de esperanza: “Todavía hay jueces en Colombia”.
Cuenta la leyenda que una vez conocida la decisión judicial en su contra, Federico el Grande, en vez de combatirla, la aceptó y la valoró positivamente, pues mostraba que todos estaban sometidos al derecho: un humilde molinero podía acudir a la justicia y derrotar a un monarca. Una respuesta muy distinta a la dada por este Gobierno frente a varias decisiones judiciales en su contra. Pero, claro, algo va de Federico el Grande al presidente Duque.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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