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Salió muy mal la terna para elegir al próximo procurador (y lo pongo en masculino porque los tres son hombres). Pero no podemos simplemente lamentarnos, debemos extraer enseñanzas. Señalo entonces por qué es una pésima terna y propongo tres reflexiones.
La terna está conformada por tres políticos ligados a los partidos y al Congreso. Esto es malo porque los órganos de control y la Fiscalía deben ser dirigidos por personas, no sólo de altas calidades, sino independientes de las fuerzas políticas y del Gobierno, precisamente para que puedan ejercer en forma imparcial su función, que es de control. Que no sean ni escuderos del Gobierno ni sus opositores. No pueden repetirse experiencias como las del fiscal Barbosa o la procuradora Cabello, que tuvieron guante de seda con sus amigos (Duque y sus aliados) para luego volverse férreos opositores de Petro.
La cosa empezó mal cuando el Consejo de Estado seleccionó a Luis Felipe Henao: un político cuya cercanía a Vargas Lleras le ha permitido ocupar cargos ministeriales; también fue jefe de campaña de Federico Gutiérrez. La Corte Suprema no se quedó atrás y ternó a otro político de Cambio Radical: Germán Varón, un barón electoral que ha sido congresista por una veintena de años. Claro, el presidente Petro no podía dejarse ganar y seleccionó a Gregorio Eljach, quien lleva años de secretario del Senado, un poderoso cargo que lo vincula a todas las fuerzas políticas.
¿Alguien puede razonablemente pensar que alguno de esos tres políticos será un procurador independiente? ¿Alguien puede dudar de que estos políticos agravarán la clientelización de estos órganos de control?
Este infortunado proceso muestra, primero, que es necesario repensar los órganos de control en Colombia. Tenemos muchos y son enormes, pero sus resultados son pobres. Para empeorar la cosa, la burocracia de estas entidades ha crecido en los últimos años, impulsada por sus jefes, poco después de ser electos por el Congreso. Lo hicieron Felipe Córdoba, en la Contraloría, y Margarita Cabello, en la Procuraduría, ambos con justificaciones absurdas.
Deberíamos tener menos órganos de control, más pequeños y con funcionarios de carrera especializados. Sería más barato y nos iría mejor. Y específicamente deberíamos retomar el debate que algunos hemos planteado sobre la supresión de la Procuraduría, o al menos su radical achicamiento burocrático y funcional.
Segundo, debemos rediseñar la elección de los jefes de estas entidades. La Constitución introdujo la participación de las cortes con el fin de mejorar el proceso y la calidad de los seleccionados. El resultado ha sido desastroso, como lo muestra este caso: no perfeccionó la selección y en cambio politizó a las cortes. Estas funciones electorales de las cortes deben ser suprimidas. Es cierto que no es tan fácil diseñar un mecanismo alterno, pero tenemos que encontrarlo.
Tercero, las cortes deben hacer un examen de conciencia: a pesar de tener excelentes aspirantes, que hubieran sido procuradoras independientes (y pongo en femenino porque las mejores candidatas eran en general mujeres), optaron por los políticos. Esto incrementa la crisis de credibilidad de las cortes, con lo cual se alimentan posibles reestructuraciones autoritarias del sistema judicial, como lo muestra el caso mexicano, en donde AMLO logró una peligrosísima reforma que debilita gravemente la independencia judicial. La principal responsabilidad de este grave ataque al Estado de derecho es de AMLO y sus aliados. Pero las cortes y los jueces mexicanos ayudaron a ambientar esta reforma al defender sus inaceptables privilegios corporativos y tomar decisiones politizadas. Nuestras cortes deberían tomar nota.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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