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Las declaraciones de Nicolás Petro (NP) a la Fiscalía están provocando una crisis política muy profunda y difícil. Lo que sabemos al momento de terminar esta columna, el viernes al medio día, es que, según el fiscal del caso, NP no solo aceptó haber recibido y haberse apropiado de altas sumas de dineros de origen espurio sino que, además, declaró que parte de esa plata entró a la campaña de su padre. Igualmente declaró que gastos importantes de la campaña no fueron reportados y que los topes electorales fueron superados. Y que tenía y aportaría pruebas de todo eso.
Habrá que evaluar la solidez de las evidencias con las cuales NP sustenta sus afirmaciones. Además, NP no ha dicho que su padre supiera de los eventuales ingresos de esos dineros ilícitos. Sin embargo, estas declaraciones implican en todo caso cuestionamientos graves a la campaña de Petro, pues indican que podrían haber entrado dineros indebidos.
Podríamos estar entrando en un período de turbulencia política, lo cual exige grandeza y serenidad de los principales líderes y una robusta adhesión de parte de ellos y de la ciudadanía a los principios y las reglas esenciales del Estado de derecho. Es precisamente en estos momentos tempestuosos que esas normas constitucionales adquieren su mayor importancia ya que son el mejor mecanismo para tramitar pacíficamente la crisis. Por eso algunos teóricos han dicho que las constituciones se asemejan al mástil al cual Ulises se ató para poder enfrentar la seducción mortal de las sirenas. Debemos atarnos todos a ese mástil, que es nuestra Constitución, para poder navegar en estas aguas turbulentas y resistir a los cantos de sirena.
El fiscal general debe resistir a los cantos de sirena de la oposición, abstenerse de usar políticamente este caso y demostrar la mayor imparcialidad posible. Tal vez peco de ingenuo al esperar de Barbosa grandeza e imparcialidad, pues no la ha mostrado en el pasado ya que ha atropellado la dignidad de su cargo, que ha usado como un instrumento de oposición a Petro, luego de haber sido un fiscal dócil frente al anterior gobierno. Pero quién quita. En todo caso, es siempre bueno recordarle a Barbosa sus deberes institucionales.
La izquierda y, en particular, el presidente Petro deben resistirse a la tentación de invocar el triunfo electoral y el apoyo popular para cuestionar o bloquear las investigaciones destinadas a esclarecer las responsabilidades frente a esa posible financiación ilícita. Aquí la reacción de Petro al mismo tiempo tranquiliza y preocupa. Su declaración frente a la detención de su hijo fue impecable y propia de un jefe de Estado democrático, como lo destacamos muchos, al señalar que, aunque como padre era una situación dolorosa, no iba a interferir en la investigación judicial. Igualmente es tranquilizador su comunicado el pasado viernes: después de conocer las declaraciones de su hijo, en que señala que “nadie puede estar por encima de la ley”. Sin embargo, su discurso en Sincelejo es preocupante, especialmente cuando afirmó que “si fue mi pueblo el que me eligió”, entonces “es al pueblo al que debo responder”. Esta afirmación de Petro desconoce de tajo los controles horizontales propios del Estado de derecho, que incluyen la posibilidad de que el presidente sea investigado por la Comisión de Acusaciones y su campaña por el Consejo Electoral.
Las dudas que surgen de las declaraciones de NP deben ser tomadas muy en serio, especialmente por quienes votamos por Petro y apoyamos muchas de sus propuestas de reforma, por lo que debemos exigir que haya claridad sobre si hubo o no financiación ilícita en esa campaña y quiénes serían los eventuales responsables de esos hechos.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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