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El presidente Petro tiene una oportunidad de oro para lograr una transformación democrática profunda, para lo cual le basta con ejercer con grandeza republicana una de sus facultades constitucionales más importantes: su participación en la conformación de la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Defensoría.
Petro debe conformar en los próximos meses las ternas de las cuales el Congreso elegirá al próximo defensor o defensora del pueblo y a un nuevo integrante de la Corte Constitucional. Además, deberá poner un nombre para la terna para procurador o procuradora.
Petro puede ejercer esa facultad nominadora, como lo han hecho muchos presidentes en el pasado: sin transparencia ni participación ciudadana en el proceso, y designando a amigos cercanos que le cubran la espalda, en vez de recurrir a profesionales idóneos y, sobre todo, independientes. Esta práctica ha traicionado el espíritu de la Constitución, que esperaba que los presidentes ejercieran esa facultad nominadora con la grandeza republicana propia de un jefe de Estado: con transparencia, visión de largo plazo y pensando en fortalecer la independencia de esos órganos y no en erosionarla.
¿Será que Petro va a continuar con esa negativa tradición? Hasta ahora su récord es mixto: sus mecanismos de selección han sido opacos. Su terna para la Corte fue floja, pues estuvo integrada por personas demasiado cercanas al Gobierno. Sin embargo, su terna para la Fiscalía fue buena y su primer nombramiento en el Banco de la República, excelente: Olga Lucía Acosta, una economista competente e independiente.
Algunos le dirán a Petro que no sea bobo: que nomine amigotes como lo han hecho muchos presidentes en el pasado, pero Petro ha dicho que su Gobierno es el del cambio y aquí podría marcar una gran diferencia.
Debería comenzar por hacer transparente y participativo el proceso, para lo cual podría aprovechar los avances que hubo en el pasado, que fueron los decretos (el 537 de 2015 y el 450 de 2016) del Gobierno Santos. Estos establecían que habría una invitación pública para que los aspirantes a ser ternados se inscribieran; la lista de candidatos se hacía pública y de esa manera la ciudadanía podía formular observaciones sobre la idoneidad o falta de ella de los candidatos. No eran mecanismos perfectos, pero eran un paso significativo en la dirección correcta. Duque, sin embargo, derogó esos decretos y volvimos a la oscuridad total en el proceso.
Petro podría recoger y mejorar esos decretos, con lo cual, además, cumple con el artículo 126 de la Constitución, que exige que estas elecciones estén precedidas de una convocatoria pública que garantice los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito. Así, no sólo el Gobierno evitaría demandas contra sus designaciones por violar ese mandato constitucional, sino que, además, recogería las recomendaciones de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, sistematizados por la Fundación para el Debido Proceso, que insisten en la importancia de la transparencia, del control ciudadano, del mérito y de la búsqueda de equidad de género y mayor diversidad étnica y cultural en esas designaciones.
Y, claro, una vez cumplido ese proceso, el presidente debe buscar mayor diversidad en la cúpula del Estado y nominar a personas profesionalmente idóneas e independientes. Ni opositores del Gobierno ni sus amigotes, sino funcionarios independientes, como lo exige el diseño constitucional.
Más allá de cualquier debate constituyente, Petro tiene aquí una gran oportunidad de lograr una transformación constitucional y democrática profunda. Le basta con ejercer esta facultad nominadora con grandeza republicana.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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