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El recaudo de impuestos en Colombia es bajo, incluso comparado con otros países de América Latina. El Gobierno nacional extrae 14 % de la riqueza nacional, mientras Chile y Argentina superan el 20 %. Para compensar la baja tributación directa, en Colombia se recargan las nóminas con las contribuciones a la seguridad social que deben pagar empleadores y trabajadores, produciendo gran informalidad y desempleo; las obras públicas en concesión se cobran en las autopistas que se logran construir con pesados peajes que, sumados a los impuestos al combustible, aumentan el costo del transporte y el descontento de sus usuarios.
El Estado colombiano es entonces incapaz de cumplir sus funciones misionales y de enfrentar los imprevistos, ya sean naturales (inundaciones o terremotos) o de salud pública como el que nos agobia. En este sentido, la reforma tributaria que intentó aplicar el Gobierno estaba justificada para aumentar el recaudo en tres puntos del PIB, gesta ciertamente muy ambiciosa. Se trataba de extraer $10 billones adicionales de IVA y $17 billones a la renta de las personas, gran parte sacada de los bolsillos de los pobres y de una clase media arruinada. Las empresas contribuían solo con $3 billones, revelando el sesgo del Centro Democrático a su favor.
¿Qué ha debido hacerse? Imponer más tributos a las rentas de personas, que hoy contribuyen solo 1 % del PIB, pero progresivamente de menos a más ricas. Tasar el patrimonio neto con tarifas acordes con su tamaño de manera permanente y no temporal, porque la mala costumbre es que los impuestos progresivos no duran mucho, profundizando la desigualdad. No tirarle a la clase media precaria sino a la consolidada y a los más ricos. Eliminar todas las prebendas a favor de las empresas aprobadas por la reforma tributaria de 2019, como asumir el pago de la mitad de los impuestos municipales, reducir la tarifa de las empresas en zonas francas, hacer exenciones excesivas para reducir la renta líquida y la factura tributaria.
Por el contrario, las rentas exentas podrían reducirse de 40 a 30 %, lo que daría $4 billones al fisco; la extensión y ampliación del impuesto al patrimonio de 1 % a 1,25 % daría $2 billones; si los dividendos entraran a los ingresos de los propietarios de las empresas y tributaran el 31 % —no el 10% ni el 15 %—, podrían rendir $0,6 billones; el impuesto a las bebidas azucaradas daría $1 billón más, reduciría la obesidad y las enfermedades asociadas con ella. Debe eliminarse el beneficio de la mitad del ICA que se paga a los municipios pues contiene el incentivo perverso de que las alcaldías lo eleven, ya que el fisco nacional asume parte de su costo. La sola eliminación de este beneficio le reportaría $7 billones a la DIAN. Yo creo que todas las personas deben aportar al fisco, según sus capacidades, incluyendo impuestos al valor agregado de bienes no esenciales y de productos dañinos para la salud cuyo consumo debe ser disminuido.
En resumen, el Gobierno podría contar con más de $15 billones extraídos de las personas ricas y de las empresas. Esos recursos serían suficientes para financiar en forma adecuada y permanente los programas del Gobierno de Ingreso Solidario y apoyo al empleo formal que, según Mauricio Cárdenas, “debe convertirse gradualmente en un subsidio a la contratación de nuevos trabajadores”. Estos programas han probado ser importantes para palear la crisis sanitaria y deben continuarse hasta que sea superada.
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