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En su reunión del 30 de septiembre la Junta Directiva del Banco de la República inició un notorio cambio de curso: suspendió su política expansionista reflejada en una tasa de interés de 1,75 % —la cual mantuvo durante el año de la peste—, que incrementó en un 0,25 %. Así comenzó la “normalización” de la política monetaria, que debe continuar hasta que la tasa de interés de política sea mayor que la inflación.
Así lo constata el gerente, Leonardo Villar, quien afirmó: “Tenemos una tasa de interés real negativa, que es una manera de decir que la tasa de interés nominal está por debajo de la inflación observada y de las expectativas de inflación. Es una situación anómala que no puede perdurar indefinidamente”, y que se enfrentará de manera progresiva. El dinero primario que recibe el sistema financiero tendrá entonces un costo más cercano al 5 % anual, que se trasladará a sus nuevos deudores y frenará entonces las actividades productivas, la construcción y el comercio.
De acuerdo con el comunicado del banco central, “el fortalecimiento de la demanda interna al igual que la proveniente de los principales socios comerciales soportarían el mayor dinamismo económico en lo que resta del año, con lo cual se espera un crecimiento de 8,6 % para 2021 y de 3,9 % en 2022″. En 2020 el crecimiento se redujo en -6,8 %, de modo que el resultado proyectado para 2021 solo es un 1,2 % mayor que el nivel de actividad obtenido en 2019. El desempleo se redujo en dos puntos y llegó al 12,3 % de la fuerza de trabajo, al 14,2 % en las ciudades, aún lejos del nivel “normal” en Colombia: 10 %.
La decisión no fue unánime, pues tres de los siete miembros de la Junta votaron por un incremento del 0,5 %, el doble del que se aprobó, lo que sugiere una preocupación mayor por la inflación, hoy del 4,44 %, que supera bastante el límite de la meta. Aún falta determinar si el aumento de precios es resultado de limitaciones de oferta (malas cosechas o devaluación del peso) o de excesos de demanda, porque la fórmula para enfrentarlo sería distinta según sea el caso: levantar las restricciones para que la oferta aumente o restringir la demanda encareciendo el crédito, como decidió la Junta.
Los disidentes deberían saber, además, que la economía está lejos de haber cerrado la “brecha de producto” —el margen para llegar al pleno empleo y desatar presión inflacionaria— para proponer un aumento tan abrupto de la tasa de interés del Banco. Con un desempleo juvenil del 23,3 %, es prematuro comenzar a apretar la política monetaria de manera tan dura, cuando la política fiscal está amarrada por el enorme déficit del Gobierno actual.
La proyección de crecimiento tiene un aspecto preocupante: la ampliación del déficit en cuenta corriente, que llegó al 6,3 % del PIB en el segundo trimestre de este año. Eso indica que el país y el Gobierno están gastando más de lo que produce la economía o recauda el Estado. El déficit fiscal de 2021 fue del 8,6 % del PIB, un punto más que el año anterior. El exceso de gasto público también provoca un mayor gasto del país en el exterior. Su financiación depende de la tasa de interés a la que están dispuestos a arriesgar su dinero los prestamistas nacionales e internacionales, y hay un claro deterioro: en enero de este año los títulos del Gobierno (TES) a 10 años devengaban un interés del 5,9 % anual, pero el 24 de septiembre tenían que pagar el 8,1 %.
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