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COMO TODOS LOS IMPUESTOS QUE gravan el ingreso en Colombia, el del patrimonio o impuesto de guerra se les cuelga a los llamados "grandes contribuyentes".
En teoría, un impuesto a la riqueza acumulada es progresivo, siéndolo menos si recae sobre el patrimonio de las empresas, muchas de las cuales están en posición de trasladarlo a los precios de los bienes y servicios que venden.
¿Cuál es el significado para la equidad de este tipo de impuesto? Primero, que no son gravadas las personas naturales que son dueñas no sólo de las grandes empresas sino de medianos y pequeños negocios, de latifundios y hatos ganaderos, de plantaciones de palma y caña, de edificios, centros comerciales, casas de campo y de portafolios de inversión. Segundo, que el impuesto se reparte entre el balance de los grandes contribuyentes y los consumidores de lo que producen. Es posible que los dividendos repartidos disminuyan un poco, pero éstos son exentos, supuestamente para impedir una doble tributación, lo cual hace que el sistema colombiano sea muy inequitativo.
El impuesto tiene efectos indeseados adicionales, como el de gravar más a las empresas antiguas y que han acumulado activos a lo largo del tiempo, menos a las nuevas que tienen poca maquinaria y equipo; no se consulta entonces su capacidad de generar riqueza, sino el valor del patrimonio. Como los grandes contribuyentes tienen buenos abogados y contadores, pueden ajustar sus balances y repartir el patrimonio entre sus filiales, logrando reducirlo a lo largo del tiempo. Esto se demuestra con el valor del impuesto reportado por la DIAN, que viene descendiendo (desde $2,3 billones en 2007 a $2,1 billones en 2009), cuando en condiciones normales el patrimonio aumenta con el tiempo.
El recaudo del impuesto al patrimonio representa 0,5% del Producto Interno Bruto, mientras que los gastos en seguridad son el 6,5% del mismo producto, según el estudio de José Fernando Isaza y Diógenes Campos. La ayuda del Plan Colombia viene cayendo y alcanza 0,25% del PIB, aunque su impacto sobre la calidad de la seguridad fue mucho mayor, con lo que se puede concluir que el grueso del esfuerzo bélico del país lo pagamos todos los contribuyentes mediante el IVA y otros impuestos indirectos.
Dentro de los sectores que pagan el impuesto al patrimonio, el agropecuario cuenta con sólo 460 empresas que pagaron $41.000 millones en 2009, 1,9% del total, mientras representa un 10% de la riqueza que se genera en el país. Sin embargo, es el sector que más se ha beneficiado con la recuperación de la seguridad en amplios territorios, lo que ha valorizado varias veces sus patrimonios.
Fedesarrollo sugiere trasladar el impuesto al patrimonio de las empresas a las personas naturales con patrimonios a partir de $300 millones y hacerlo con tarifas progresivas para personas con mayor riqueza acumulada, de tal modo que pueda igualarse el recaudo obtenido de los grandes contribuyentes.
Si esto se hace acompañado con una actualización del catastro rural y urbano, que aproxime los valores de los predios a sus precios comerciales, el rendimiento del impuesto al patrimonio podría duplicar el valor recibido actualmente de los grandes contribuyentes de siempre. Para eso la DIAN tiene que depurarse de clientelismo, meter en su computador los datos catastrales y contar con una buena policía fiscal. ¡Ahí tiene otra!, Echeverry.