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El presupuesto de la administración Petro para 2026 será de $557 billones, representando un aumento de $31 billones frente al año anterior, monto que equivale al 5,9 %. Teniendo en cuenta que la inflación este año será de 5 %, el aumento real del gasto público será modesto. Lo que tiene contenido al Gobierno es la oposición que le presenta el Congreso, resistencia que la mermelada no parece poder obviar frente a los distintos partidos y facciones políticas.
Los sectores que más recursos recibirán son Educación, con $88 billones; Salud, con $78 y Defensa, que recibe $69. El gobierno insiste en que el presupuesto fue diseñado con un enfoque social: $30 billones se destinarán a la economía popular, la reforma agraria y caminos comunitarios, mientras que $33 billones van a programas como Hambre Cero y Renta Joven. Eso suma $63 billones que comprometen el 12 % del presupuesto, $6 billones menos de lo que reciben Defensa y Policía, o sea que el enfoque termina siendo más bien belicoso. Hay que decir que la situación de orden público que enfrenta el país es delicada: amplios territorios están bajo control de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca y del ELN en la frontera con Venezuela.
El Ministerio de Hacienda recibirá $32 billones, mientras que las áreas de inclusión social y reconciliación obtendrán $15. El presupuesto destina $89 billones a la inversión, que representa solo el 16 % del total, para “impulsar la economía y la transformación del modelo productivo”. Este no es un gobierno amigo de ampliar las obras públicas (carreteras, energía y acueductos) que demandan vastos sectores de la población. Una parte del presupuesto, $26 billones, depende de la aprobación de una nueva ley de financiamiento y una reforma tributaria para aumentar la base de tributación de los sectores más ricos. En un período pre-electoral, como lo será el año entrante, el Congreso opondrá mucha resistencia al aumento de cargas que trae el nuevo proyecto tributario. Este gobierno ha propuesto una reforma impositiva cada año y medio de su período.
En esta propuesta se aumentan en dos puntos los impuestos a la renta de las personas, quedando una tasas marginales del 41% para aquellos más ricos y 29 % para la clase media, cambios que se reflejarán en la retención. Se proyecta eliminar la exención por el componente inflacionario de los ingresos como también de los dividendos, lo cual resulta confiscatorio a la hora de la tributación en términos reales. Se eliminan otras exenciones que reconocían la carga que representan los dependientes a los contribuyentes.
Se trepa fuertemente el impuesto al patrimonio por encima de los dos mil millones de pesos con una tarifa marginal del 5 %, lo que representa un 42 % de lo que renta un inmueble, el 12 % de su valor. Las empresas son clavadas con una tarifa del 50 %, de un nivel del 35 % actual, muy por encima de la media internacional. El nuevo régimen discrimina contra los inversionistas extranjeros a los que le sobrecargan sus tributos, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley. Parece que se busca espantarlos, lo cual expresa la antipatía que exhibe el presidente frente a la “codicia”. La mayoría de los economistas consideramos que la maximización de la ganancia es el motor del capitalismo y no un pecado capital. Lo mejor del proyecto es que pone a tributar las operaciones comerciales de las iglesias, que había contribuido a la corrupción de muchos pastores.
El proyecto de ley fue radicado en el Congreso en julio pasado y debe ser aprobado antes del 25 de septiembre de 2025 para evitar que el presidente lo decrete directamente, como sucedió el año pasado. Como lo precisó este diario, “el Presupuesto General de la Nación de 2026 es la última apuesta de gasto público del gobierno de Gustavo Petro y se inscribe en un contexto de presión fiscal y desfinanciamiento que rompe con los principios de sostenibilidad del gasto público”.
*Basado en Brandon Espinel, El Espectador del 5 de septiembre de 2025.
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