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El presidente Gustavo Petro propone que el Banco de la República emita dinero para resarcir a las víctimas de la violencia en Colombia. No suena bien que la reparación le salga gratis a la sociedad, pero lo peor es que puede salirle muy costosa. Una parte debiera ser abonada por los victimarios para que exista alguna semblanza de justicia, pero ni la más justa de las causas, ya sean víctimas o personas que estén en pobreza extrema, justifica degradar la moneda.
La Unidad para la Atención de Víctimas calcula que nueve millones de personas afectadas requerirían 300 billones de pesos, que debieran ser billones americanos (miles de millones), que aún así es una cifra imposible, equivalente a muchas veces la riqueza creada en el país durante un año, ya que el PIB en 2024 obtendrá un valor aproximado de 1,7 billones de pesos. Tal gasto, de efectuarse, tendría un enorme impacto inflacionario. Sería un impuesto cobrado a través de una mayor inflación, que golpearía en especial a las personas más pobres de la sociedad. Compárese con el presupuesto anual del gobierno, que será de $535.000 millones en 2025.
Pareciera que el presidente Petro no tomó el curso de Política Fiscal ofrecido por la Universidad Externado de Colombia, donde cursó el pregrado ni en la Universidad de Lovaina, donde tomó cursos de posgrado. Se sabe que cursó Política Monetaria en el pregrado, pero que la perdió y tuvo que habilitarla, examen que pasó raspando. Si tuviera plena comprensión de las consecuencias de emitir dinero en exceso, Petro no estaría haciéndole propuestas aventureras al banco central colombiano, que afortunadamente cuenta con la independencia para desestimarlo.
Precisamente para impedir que el Banco de la República emitiera a favor del gobierno, los constituyentes de 1991 condicionaron sabiamente a su junta directiva que solo podrían hacerlo por decisión unánime de sus miembros. Se trató de algo equivalente a poner cera en los oídos de los remeros del barco de Ulises para que no escucharan el canto de las sirenas que llevaría su nave al naufragio, mientras que Ulises mismo era amarrado al mástil de la nave para poder deleitarse escuchándolas. Un gobierno gastando por encima del recaudo de impuestos y de los ingresos por la venta de sus bonos daría lugar a inflaciones crecientes que devastarían los ingresos de todos los colombianos y llevarían a pique la nave del Estado.
No hay más que considerar los casos de Venezuela y Argentina, cuyos gobiernos abusaron tanto de la emisión que generaron inflaciones voraces que enmiseraron a sus poblaciones. Los ciudadanos dejaron de utilizar los pesos o bolívares cada vez más degradados y recurrieron al dólar para hacer sus transacciones y, ahí sí, adiós a la soberanía monetaria. Era risible ver a los gobiernos antiimperialistas sucumbir frente al inmarcesible dólar por abusar de la emisión de dinero nacional: aparecía Maduro vociferando, pero con su cartera llena de los billetes verdes del imperio.
La inflación no solo afecta a los consumidores que ven su poder adquisitivo restringido, e incluso los sectores marginados deben encarar más hambre y miseria, sino que se pierde la confianza en la moneda nacional y la gente se apresura a gastar sus pesos antes de que se desvaloricen más. Lo que hacen las personas en tales circunstancias es atesorar dólares americanos o euros para evitar perder su riqueza. Petro no debería estar jugando con la confianza de los ciudadanos en su moneda, pues se le puede volver un problema insoluble.
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