Enfermedad holandesa y paro colombiano

Es difícil, por decir lo menos, que una política macroeconómica nacional pueda contrarrestar la política monetaria del imperio, pero un aumento de la tributación, sobre todo del sector minero, y un mayor ahorro público hubieran debilitado un poco el peso. De esta manera, se hubiera sentido menos la pérdida de competencia frente a la agricultura ecuatoriana e incluso la de Venezuela.

La economía del Ecuador está dolarizada, tiene baja inflación y por lo tanto se beneficia de la pérdida de valor de la divisa norteamericana. Además, existen allá políticas eficientes que proveen de bienes públicos a los agricultores y se ejerce vigilancia contra las prácticas monopolistas de los distribuidores de los insumos del campo. En Venezuela, la escasez aguda de divisas canaliza su escasa producción agropecuaria hacia la frontera de la boyante economía colombiana. Ambos países son la fuente de contrabando contra la que protestan airadamente los productores locales, mientras que nuestros gobiernos son muy permisivos con los monopolios.

Hacia futuro se viene una devaluación del peso porque la economía norteamericana está saliendo de su profunda recesión y es necesario normalizar su política monetaria. El mero anuncio de que se está aprestando el cambio de rumbo ha conducido a un fortalecimiento del dólar en el mundo, incluyendo al peso colombiano que subió de $1.740 por dólar hace seis meses a $1.940 en la actualidad. Pero además se han reducido los precios internacionales del carbón y del ferroníquel, también del café, y sólo el petróleo mantiene su precio elevado por la inestabilidad política en el Medio Oriente. Eso hará algo más competitiva la producción nacional.

Aclaraciones:

A raíz de mi columna de la semana pasada recibí reacciones de la empresa La Fazenda, que aduce que ella sólo cuenta con tierra propia para el levantamiento de cerdos y que los concentrados que cultiva a base de soya, maíz y sorgo lo hace en tierras arrendadas a los herederos de Víctor Carranza. Ello pone de presente la concentración de la propiedad que se agudizó con el conflicto armado y de la incapacidad del Estado colombiano a ponerle orden a la titulación. Incluso las tierras expropiadas a los narcotraficantes y paramilitares vuelven a manos de sus testaferros o a las de políticos conservadores.

También recibí una pastoral de la Federación de Cafeteros en que aclaran que ellos no prohíben la siembra de variedades robustas en condiciones de alta productividad, pero que no sería bueno para la imagen del país. Afirman que sí incentivan el cultivo de variedades con certificación de origen, aunque conozco de casos de distribuidores en Estados Unidos que no encontraron proveedores a escala de variedades orgánicas.

Por último, la columna de Jorge Orlando Melo sobre Corpoica, que destruyó 62 toneladas de arroz en Campoalegre, me hizo ver que el problema era de arbitrariedad de las instituciones públicas que debían velar por el progreso de la economía campesina.