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¿Extrema derecha civilista?

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El expresidente Uribe ha mostrado una sistemática actitud destructiva en sus críticas al gobierno de Juan Manuel Santos, con las que pretende desestabilizarlo.

No es propiamente la conducta de una personalidad republicana que coloca al Estado democrático por encima de sus ambiciones políticas.

Frente al ataque terrorista contra su alter ego, Fernando Londoño, Uribe no se solidarizó con el Gobierno sino que prácticamente lo responsabilizó por la “pérdida de seguridad” que supuestamente él sí había garantizado. La propia víctima criticó más la falta de liderazgo del Gobierno que a sus victimarios, con lo que éstos lograron con creces sus objetivos terroristas, magnificando los alcances políticos del atentado.

Esta actitud contrasta con la de Andrés Pastrana, quien apoyó al gobierno de Uribe en ocasión del atentado con carro bomba contra el Club El Nogal. Pastrana obró como estadista, a pesar de que Uribe lo tenía asediado, muy injustamente por cierto, con su espejo retrovisor.

En la tradición política colombiana, reflejo de instituciones feudales que sobreviven, se asoman recias personalidades ultraconservadoras que han insistido en desestabilizar las instituciones del Estado con ataques personales a enemigos y mandatarios. Ellas incitaron a la violencia y a la toma del poder por medios extralegales que culminaron en varias guerras civiles, incluyendo la de los años cincuenta del siglo XX.

El más notable de los caudillos conservadores fue Laureano Gómez, que contribuyó a la caída de la presidencia de Marco Fidel Suárez en 1921 con sus vitriólicos ataques en el Senado, que fueran apoyados en ese entonces por Alfonso López Pumarejo. López se vio presionado a renunciar durante su segundo mandato en 1945, por la incesante persecución que desplegaba su antiguo aliado con llamados incendiarios contra la presunta corrupción e “ilegitimitad” del Gobierno.

Laureano incitaba irresponsablemente a la masa conservadora y a los pájaros (los paramilitares de la Violencia de los cincuenta) a que confiscaran 300.000 cédulas “falsas” que portaban los liberales para robarles las elecciones a sus copartidarios. Otras acciones intrépidas condujeron a una balacera en el Congreso que sirvió de justificación a Ospina Pérez para clausurarlo, inaugurando una dictadura que se mantendría con la elección de Laureano como candidato único en 1950 y que incrementaría la violencia contra el pueblo liberal. Rojas Pinilla lo depuso en 1953, instigado por los sectores centristas del Partido Conservador y de los liberales.

Varios prominentes liberales apoyaban las guerrillas que se levantaron contra el Gobierno en el Tolima, Cundinamarca y los Llanos, al igual que el Partido Comunista en el Sumapaz. Rojas Pinilla procedió a promulgar una amnistía que cobijó a los liberales que entregaron las armas, pero la guerrilla comunista no la aceptó. Esta fue la base de las Farc, que se reorganizaron como tales en 1964, enfrentaron a los gobiernos del Frente Nacional y a los que lo siguieron.

Cincuenta años más tarde la situación es muy distinta, pero asoma de nuevo la división entre la derecha civilista y la derecha violenta, dispuesta a correr los riesgos que arrastra la incitación a partidarios y ‘paras’ a derrocar al Gobierno. No de otra manera se puede entender el llamado de Fernando Londoño: “Cuando el presidente falla, surgen otros líderes que son seguidos por el pueblo. Ese liderazgo tiene que aparecer o estamos perdidos”. Y ojalá también aparezca el Rolex. 

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