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La inflación de marzo será de alrededor del 13,3 %, la más alta en los 23 años que han transcurrido este siglo. Varios factores la exacerbaron: el exceso de lluvias que afectó las cosechas locales, el conflicto iniciado por Rusia contra Ucrania que elevó los precios de los cereales y de los fertilizantes, y las políticas expansionistas de la agonizante administración de Iván Duque que inyectaron demanda adicional sobre una oferta deficitaria.
El alza anual de los precios de los alimentos fue especialmente elevada, del 28 %, entre los cuales están la arracacha, el ñame y otros tubérculos (aumentaron 110 %), la cebolla (107 %) y la yuca para consumo en el hogar (88 %). La carne aumentó un 22 %. Estas alzas no se compadecen con el aumento del salario mínimo decretado que hizo un ajuste del 16 %. Se agrava un problema que yace oculto, el del hambre que castiga a las capas más pobres de la población y que la administración Petro quiere atacar por medio del programa Hambre Cero.
El crecimiento de la economía en 2023 se proyecta en forma muy diferente por los medios locales: el banco Itaú proyecta un 0 %; el Emisor, 0,5 %; el BBVA, 0,7 %; el Banco de Bogotá al igual que Fedesarrollo creen que será de 1,5 %, mientras que, —quién lo pensaría— el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un 2,3 %, el más optimista de todos. Considerando que el crecimiento de 2022 estuvo cercano al 8 %, se puede concluir que por pura inercia en 2023 debería ser positivo. La inflación que proyecta el FMI es de 7,1 %, al igual que el Banco de la República. El más lento crecimiento significa también que la presión de la demanda sobre los precios se atenúa y por eso se proyecta que la inflación de 2023 será cerca de la mitad de lo que fue en 2022.
El Plan Nacional de Desarrollo se plantea cinco grandes transformaciones que son: ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática, y finalmente convergencia regional. Se destinarán durante el cuatrienio $1.154 billones de gasto, casi $290 billones por año, divididos en 12 % para la convergencia regional, 10 % para la transformación productiva y acción climática, 64 % para temas relacionados con la seguridad humana y justicia social, 4 % para el derecho humano a la alimentación, y 2,5 % para el ordenamiento del territorio alrededor del agua, lo cual da una idea del orden de importancia que le presta el Gobierno a cada rubro. El Gobierno intenta favorecer a las regiones más atrasadas frente a las más prósperas, tratando de romper la inercia generada por las fuerzas del mercado, tarea nada fácil. Así mismo, la transformación productiva dependerá más de las iniciativas privadas que del Gobierno, pues tardaría mucho para que este organizara empresas públicas y las dotara de personal idóneo y de presupuesto adecuado.
Es que desde hace 30 años el Estado se ha retirado de la producción, con excepción de Ecopetrol, los oleoductos y las pocas empresas de servicios públicos que no fueron privatizadas durante la euforia liberal, siendo Empresas Públicas de Medellín (EPM) la que siguió fortaleciéndose y construyendo grandes obras.
Considerando que el PIB de 2022 fue de unos $2.350 billones, el gasto del Plan Nacional de Desarrollo representaría anualmente un 12,3 % del producto, lo cual dejaría un estrecho margen para los gastos de funcionamiento y las inversiones que debería completar e iniciar la administración Petro.
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