La economía de Santos

El mejor resultado del Gobierno es en materia fiscal pues pudo devolver la tendencia hacia un déficit fiscal creciente que legó la administración Uribe, que se financiaba con deuda interna y externa, agravando la presión revaluatoria del peso. El déficit público se redujo de 3,6% del PIB al 1,5%, lo cual todavía es un reflejo de que la economía colombiana está gastando más de lo que produce. La deuda pública se estabilizó y se redujo su componente externo.

La reducción del déficit fiscal se hizo, por un lado, con la minirreforma tributaria que canceló exenciones innecesarias y costosas concedidas por Uribe a las empresas, en especial a las mineras y petroleras, aumento de los contribuyentes que pagan el impuesto al patrimonio y una gestión agresiva de la DIAN en varios frentes importantes. Por otro lado, no tan bueno por cierto, hubo incapacidad de ejecutar gasto público en obras, lo que se magnificó porque las nuevas administraciones locales comenzaron en enero y se aprestan a ejecutar sólo en el segundo semestre del año.

En el tema de obras públicas el Gobierno se encontró con una contratación laxa, permisiva y corrupta, evidente en que ninguna obra se concluyó satisfactoriamente durante la era Uribe y su costo excedió sistemáticamente lo contemplado inicialmente. Para poder entregar contratos a los amigos de los políticos, Uribe hizo muy pocas concesiones con empresas privadas mediante licitaciones internacionales. Por lo anterior, el ministro Cardona pasó mucho tiempo reestructurando la contratación. Cuando ya estuvo lista, se nombró un nuevo ministro, muy allegado a Uribe en el pasado, él mismo contratista del Estado y presunto financiador de campañas políticas.

Nunca conocimos el contenido de lo que iba a ser la reforma tributaria que se prometió como portadora de equidad. Ahora el Gobierno se encuentra con su mesa de unidad nacional resquebrajada y decidió aplazar indefinidamente su presentación al Congreso. Falta pues la racionalización de un sistema impositivo caracterizado por la inequidad, la ineficiencia, la insuficiencia del recaudo y el castigo a la nómina que aumenta la informalidad y el desempleo. En este aspecto el Gobierno se raja, aunque estamos todavía a mitad de período y falta a ver si se zafa de la derecha extrema que le ha hecho tan difícil aplicar su programa inicial de gobierno.

La posibilidad de que la crisis europea, la desaceleración china y el lento crecimiento de Estados Unidos nos contagien es bastante alta. El Gobierno tiene ahora más margen de maniobra en el frente fiscal que antes, aunque lo óptimo hubiera sido que contáramos con un gran superávit, ahorrado en el exterior, que se gastara en los años de vacas flacas. Es preocupante el conservatismo del gobierno Santos, que hizo aprobar una regla fiscal que impide que se haga política contra cíclica cuando más se necesite. Es suicida que en momentos en que se requiere compensar la reducción del gasto privado que trae consigo el contagio de una crisis, el Gobierno reduzca también su gasto, empeorando la recesión económica.

La política monetaria, por su parte, tiene campo suficiente para estimular la economía, lo cual se comenzó a hacer en días pasados, que no es mérito para nada del Gobierno.