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Tras un año de gobierno, los balances macroeconómicos de Colombia lucen bastante bien: el déficit de comercio exterior y los flujos de capital se reducen de un peligroso 6,2 % del PIB, legado por Iván Duque, al 4,1 % al cierre del primer trimestre (algunos expertos dicen que es del 4,4 %), yendo en la dirección de cerrarlo; las salidas de capital han presentado un comportamiento similar a las del pasado, pero un 11 % menores para 2023 frente a 2022, prestándole más holgura a la balanza de pagos.
El balance comercial se ha reducido también de -US$19.200 millones en el primer trimestre de 2022 a -US$4.700 millones para el trimestre correspondiente este año, en lo cual jugó la suerte, pues aumentaron tanto el precio del petróleo como los ingresos de divisas del país y se redujeron las importaciones por el menor crecimiento de la economía. Esta crecerá solo 2 % o menos, reflejando también el deterioro de la economía global.
De todos estos rubros, los flujos de capital reflejan que los inversionistas extranjeros confían en que el nuevo Gobierno no cambiará las reglas bajo las cuales entran y operan en el país, en que podrán obtener utilidades y sacarlas si lo consideran conveniente o reinvertirlas si se presentan nuevas oportunidades de negocios.
El déficit fiscal se ha corregido levemente, de representar 5,3 % del PIB en el primer trimestre de 2022 a 4,3 % proyectado (con suerte) en 2023, en lo cual tienen que ver las demoras del nuevo Gobierno en el nombramiento de sus administradores y de estos en ejecutar inversiones en los distintos sectores de la economía. No ayudó la despedida colectiva de ministros con gran experiencia al poco tiempo de iniciar el cuatrienio, para nombrar novatos pero fieles seguidores del presidente. El pecado mortal del Gobierno es su incapacidad de ejecutar.
El nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido muy pasivo en materia de gasto, lo cual significa un desperdicio de recursos que dejan de utilizarse: se pierden oportunidades de inversión en infraestructuras físicas (carreteras, puentes, colegios, hospitales, etc.) y servicios sociales (educación y salud). Una política más audaz podría beneficiar a la población necesitada de mejor manera.
Los resultados macroeconómicos de Colombia han sido certificados por las calificadoras de riesgo así: Fitch Ratings le ha otorgado una nota de BB+ a la deuda de largo plazo con perspectiva estable e igual nota para el comportamiento del peso colombiano; Standard & Poor’s otorgó una calificación de BB+/B y mantiene su perspectiva estable, parecida a la de Moody’s. Lo que hacen estas entidades es evaluar la credibilidad de las políticas, la fortaleza institucional y la macroeconómica, que resultan en una nota cercana a 4, si recurrimos a la forma como nos calificaban en el colegio. Sin embargo, la deuda del país es muy alta, la externa es 55,3 % del PIB y puede crear problemas más adelante. La prima de riesgo permanece alta, de 763 puntos, comparada con 670 para México.
El peso ha tenido una apreciación del orden del 20 % en el último año. Eso significa que ganamos capacidad de compra de bienes del exterior, pero al mismo tiempo los exportadores nacionales pierden ingresos en moneda nacional, al igual que los productores locales que compiten con las importaciones. Paradójicamente, el presidente Petro buscaba lo contrario: devaluarnos y así exportar más e importar menos para supuestamente reindustrializar al país.
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