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La Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar su tasa de interés de 9 a 10 % en su reunión del 29 de septiembre, tras un inusitado y fuerte aumento de 1,5 % en su sesión anterior. Hay que preguntarse por qué corre tanto la autoridad monetaria, tras andar tranquila por demasiado tiempo, para contener la inflación que en agosto pasado había marcado 10,8 % anualizado.
Una de las respuestas es que, según su diagnóstico, el crecimiento de la economía este año terminará rondando el 7,8 %, un punto por encima de la expectativa anterior. Según el pronóstico de los operadores, el alza general de precios este año alcanzará el 6,8 %, o sea que se reducirá 4 % de agosto hasta diciembre, que de lograrse hará que la tasa de política se convierta en un fuerte freno de la actividad económica.
La decisión de seguir apretando la política monetaria se tomó a pesar de que el pronóstico de crecimiento para 2023 se redujo del 1,1 % a solo 0,7 %. Quizás la decisión fue lo que los operadores anglosajones llaman un “overkill”, o sea, matadora del impulso que llevaba la economía e innecesaria porque de todos modos la actividad se estaba enfriando. Teniendo en cuenta esa trayectoria, extrañamente solo uno de los directores de la Junta del Emisor optó por votar a favor de un incremento menor de 0,5 % y no de 1 %.
La política monetaria de los países desarrollados se ha venido apretando, sobre todo la de Estados Unidos, lo cual ha conducido al fortalecimiento del dólar y, en nuestro caso, al debilitamiento del peso. En octubre de 2021 el dólar se cotizaba en $3.800, pero en julio de 2022 se trepó a $4.400, alcanzando los $4.601 el 30 de septiembre, lo cual a su vez presiona al alza los precios de los alimentos importados, como el trigo que va al pan y el maíz y el sorgo que entran en la cadena de producción del cerdo y del pollo. También se afecta la deuda externa cuyo servicio se aumenta al mismo ritmo del encarecimiento del dólar; hace necesario, entonces, aumentar los ingresos del Gobierno, ya sea mediante nuevos tributos o más endeudamiento externo a tasas de interés costosas.
Al mismo tiempo, el precio de la gasolina tiene que ser ajustado tras la política de Iván Duque de aplazar el alza requerida para dejarle los platos sucios al nuevo Gobierno. En promedio, el galón de gasolina se cotiza entre $15.000 y $17.000 en la mayor parte de los países, mientras se ha mantenido alrededor de los $9.180 en Colombia, algo que tiene como contraparte un subsidio al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que representa una erogación de $40 billones anuales, que es la mitad del déficit fiscal del Gobierno. Los anuncios del alza han sido tibios, de solo $200 mensuales en lo que queda de 2022, pero se requiere un ajuste de unos $7.000 por galón que hará necesario acelerar las alzas graduales que contribuirán a una mayor inflación.
Aunque este año la economía va a terminar con un buen desempeño, en el 2023 habrá serios problemas, como la recesión que se abre paso en Estados Unidos y ya embarga a Europa, mientras que incluso China ralentizará su crecimiento. Según el Banco Mundial, “un riesgo clave para las perspectivas es la posibilidad de una elevada inflación global acompañada de un crecimiento débil, que recuerda la estanflación de los años 70”.
El año entrante el Gobierno enfrenta un casi nulo crecimiento y un desajuste de 7,3 % del PIB, dos hitos esos sí históricos que legó Duque.
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