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Comienzan a sentirse los efectos del alza salarial hiperbólica promulgado por el Gobierno en todos los ámbitos de la economía nacional: despidos de personal, traslados de empleados de tiempo completo a medio tiempo, aumento de la informalidad y sobre todo trasmisión del mayor costo del trabajo a los precios. La inflación que terminó en 5,1 % en 2025 se proyecta que terminará en más del 6 % este año, empujada principalmente por el ajuste del mínimo.
La práctica aceptada socialmente de negociar los salarios a principios de año entre empresarios y trabajadores fue ignorada por el Gobierno que impuso un alza desproporcionada y nociva para los primeros, incluso superando las aspiraciones de los sindicatos en siete puntos porcentuales (16 % que pedían los trabajadores, 23 % que decretó el Gobierno). Generalmente se llegaban a acuerdos sobre el alza salarial que reconocían la inflación y agregaban un par de puntos por aumentos de productividad no verificables. De esta manera, la clase trabajadora aumentaba gradualmente sus ingresos reales y más aún si existían escalas salariales en las empresas que reconocían experiencia y lealtad.
El alza de los precios que debe seguir al aumento de los salarios ha despertado una reacción del Gobierno de mano dura frente a las consecuencias de su política, amenazando imponer controles de precios a los negocios que trasladen a los consumidores el aumento de sus costos. No es posible contratar a millones de policías para que controlen los precios de cientos de miles de mercancías, a toda hora y en todas partes, cuando es la propia acción del Gobierno de Gustavo Petro la que causa el alza generalizada de precios.
El Banco de la República va a responder frente a las presiones inflacionarias despeñadas con mayores restricciones monetarias, lo que despertará la furia presidencial que lo acusará de un complot para perjudicar su gestión. Sin embargo, el Emisor debe enfrentar expectativas inflacionarias despertadas por la propia acción de este Gobierno que suele evadir sus responsabilidades.
Se trata de la estrategia infantil de tirar la piedra y esconder la mano. Yo elevo los costos de los negocios y cuando estos responden defensivamente, los denuncia como especuladores, sanguijuelas que succionan la sangre del pueblo. El presidente lo expresó así: “No habrá inflación en Colombia por el salario vital, nunca existió eso en la realidad de la historia económica de Colombia; lo que hace elevar los precios son los precios de la comida, porque la oligarquía no fue capaz de hacer una reforma agraria, eso se demuestra en los datos estadísticos como tendencia científica”. Sin embargo, la ciencia está lejos del presidente: en la economía clásica de Marx y Ricardo y en la macroeconomía keynesiana, el salario es la unidad de cuenta (wage unit) y su nivel influye decisivamente sobre los precios. Un país con una agricultura débil puede importar comida barata que ayude a contener los costos salariales, pero estos seguirán siendo fundamentales para determinar los precios. Subir locamente el salario mínimo 18 % por encima de la inflación de 2025 tiene sus consecuencias perjudiciales, que no puede tapar el presidente con sus manos ni echarle la culpa a la nefasta oligarquía por sus decisiones.
La culpa la tiene Petro por su improvisación e irresponsabilidad al ser tan generoso frente a los trabajadores y tan avaro con los empresarios. Desafortunadamente, todos sufrirán las consecuencias de sus malas políticas que erosionarán inevitablemente el nivel de precios con más inflación durante varios años por venir.
* Parafraseo el título de un ensayo de John Maynard Keynes, “Las consecuencias económicas de míster Churchill”.
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