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Son cada vez más problemáticas las decisiones que toma la administración de Gustavo Petro en torno a las políticas sociales y económicas de su gobierno. La ideología parece inspirar el rumbo que toma y este nos acerca cada vez más a momentos de crisis en diversas áreas de la economía colombiana. La más grave es la de la salud pues está asfixiando a las EPS más grandes y eficientes con que contaba el país, dejando en precarias condiciones a sus afiliados y pacientes. El presidente, en tono burlón, ya había anunciado que a las EPS les iba a ocurrir el chu, chu, chu, que me imagino se traduce en el lenguaje progresista como derrumbe.
El Gobierno pretende empacar a millones de usuarios dentro de la Nueva EPS, que es público-privada y que no podrá atender a los que Sanitas y Sura dejarán de cubrir cuando se cumpla el plazo legal para que la Superintendencia de Salud “actúe”. Sanitas atiende a 5,7 millones de personas, mientras que Sura cuenta con más de 5,3 millones de afiliados. En ambas empresas se incluyen cotizantes, beneficiarios y personas que pertenecen al régimen subsidiado. Ambas eran las perlas del sistema de salud colombiano y contaban con una población satisfecha por sus servicios, incluso de enfermedades costosas. De un manotazo, el Gobierno dejó en el limbo de atención en salud a más de 11 millones de personas. Ciertamente nos llegó el chu, chu, chu de Petro y digo nos porque también seré damnificado.
Igualmente aparece comprometido el futuro energético del país al suspender el Gobierno las concesiones de petróleo y gas, en lo que podría ser una política de suicidio económico que nos puede conducir al racionamiento de sus respectivos suministros en un futuro no lejano. La política de energía del Gobierno tendrá otra consecuencia: reducir las exportaciones de petróleo, que representan más de la mitad de las divisas que le entran al país, y eventualmente se deberá recurrir a importar los faltantes de combustibles que consume la economía colombiana. Otra consecuencia será la devaluación del peso, que nos devolverá al racionamiento de las importaciones que tuvimos por última vez hace 60 años.
Ecopetrol enfrenta problemas delicados de gestión y encima las voladuras de oleoductos por el ELN le han generado pérdidas por cerca de $4 billones, aunque las voladuras se redujeron un 50 % en 2023. Recientemente Ecopetrol perdió el grado de inversión, lo que indica que está en riesgo financiero y que su rentabilidad se ha deteriorado. La agencia de noticias económicas Bloomberg informa que “la empresa estatal se ha visto presionada para que aumente los pagos a los accionistas. El Estado posee el 88 % de las acciones”.
El manejo de Ecopetrol ha sido errático y dejó de ser una empresa con una gobernanza independiente para ser feudo político. La agencia Bloomberg añade lo siguiente: “La reciente compra de Interconexión S. A. por parte de la empresa ha alimentado una tasa de crecimiento anual compuesta de la deuda del 22 % desde 2019 hasta 2023, mientras que un indicador de ganancias antes de partidas ha aumentado a aproximadamente la mitad de esa tasa”. El informe agrega que la empresa ha optado por aumentar dividendos al tiempo que se endeuda más, o sea que la deuda contraída termina en manos del Gobierno. La calificación crediticia de Ecopetrol, que solía ser mayor de A, hoy se ha reducido a Ba1.
La misma política inspirada por el ambientalismo radical puede conducir a encarecer los combustibles afectando los costos del transporte tanto de carga como de personas, lo que nos empobrecerá. De eso se trata el retroprogresismo del presidente Petro, que tuvo entre sus apoyos a funcionarios que abogaban por dejar los recursos naturales enterrados y sentirse como salvadores del planeta, en un país que no aporta ni el 1 % de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Ahora nos enteramos de que la explotación de los recursos naturales ha servido de colateral para aumentar el endeudamiento del país. Al término de 2023, el saldo de la deuda externa de Colombia rondaba los US$200.000 millones (54 % del PIB), aumentando 6,8 % del PIB respecto a diciembre de 2022. La deuda interna bruta, entre tanto, superaba el 62 % del PIB.
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