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Varias de las reformas sociales propuestas por el Gobierno son reflejo de las que se aprobaron en los inicios del Frente Nacional, hace más de 60 años. En ese entonces se trataba de desmontar las políticas represivas de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez y de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. El legado de ellos fue el debilitamiento sindical por la persecución y encarcelación de los dirigentes de los trabajadores, aunque también las cajas de compensación familiar fueron creadas en 1946, concebidas por el paternalismo religioso.
La reforma laboral propuesta hoy busca actualizar el Código del Trabajo de 1950, empodera a los sindicatos, eleva los costos de las horas extras y reduce la jornada laboral diurna hasta las 7 p.m., contrariando la de Álvaro Uribe quien la prolongó hasta las 9 p.m. Se introduce protección ante riesgos laborales, acceso a salud y a pensiones, salario mínimo, vacaciones, cesantías y el registro en cajas de compensación familiar. Se hacen costosamente prohibitivos los despidos sin justa causa.
La reforma también encara las plataformas digitales que se lucran del extenuante trabajo de los repartidores de comidas y otros bienes, que deben aportar sus bicicletas o motos. Ellos no cuentan con seguro de accidentes que entre otras cosas son muy frecuentes. Tampoco se les reconocen aportes pensionales, vacaciones ni primas de ley.
El Gobierno no hizo un análisis de las realidades del mercado de trabajo en Colombia, caracterizado por una informalidad en la que labora el 58 % de la fuerza de trabajo. Existe un gran desequilibrio entre la población en edad de trabajar y las necesidades de la industria, del comercio y los servicios. Esta situación se comenzó a percibir al final de la década de los años 50 y se profundizó en los años 60 cuando el crecimiento económico se hizo más lento, al tiempo que la población crecía en forma acelerada. Después se controló la tasa de natalidad y aumentó la emigración de nacionales, pero ya no se volvió a situaciones de relativo pleno empleo de la fuerza laboral.
La informalidad propicia la ausencia de seguridad social en la que los patrones contribuyen con la mayor parte de los gastos, pero también lo hacen los empleados. Ellos aceptan más fácilmente la informalidad, al sentirse beneficiados por no tener que contribuir, lo cual es un espejismo que les puede resultar costoso.
Los grandes desequilibrios en el mercado laboral se expresan en una alta tasa de desempleo que por lo general supera el 10 % de la fuerza laboral, pero que en agosto pasado rondó el 9,5 %. Existe además una brecha salarial entre hombres y mujeres, con la preferencia de contratar a los primeros, ya que no se retiran para tener hijos ni demandan licencias de maternidad, aunque la propuesta del Gobierno propone extender la licencia de paternidad. Por lo demás, existen pocas garantías jurídicas contra los abusos laborales y los despidos sin justa causa, mientras que la cobertura del sistema pensional es de solo el 40 % de los trabajadores.
El Gobierno hubiera podido introducir un período de transición para que la reforma encontrara menos resistencia, escalonando las prestaciones para que al cabo de tres o cuatro años alcanzaran los niveles de los trabajadores formales. El desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo se agrava si aumenta el costo laboral. El resultado será más desempleo e informalidad, problemas que no preocupan a la ministra del Trabajo.
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